Tegucigalpa – El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, ha emitido una polémica circular que modifica sustancialmente el procedimiento para la presentación de requerimientos fiscales dentro del Ministerio Público (MP).
Según el documento, fechado el 19 de marzo, todos los expedientes cuya investigación esté finalizada deberán ser enviados exclusivamente al subdirector de fiscales, Víctor Migdonio Carrasco.
La directriz, que fue remitida a todas las fiscalías del MP, al módulo de recepción de denuncias, a la Unidad de Apoyo Fiscal, a la Unidad de Delitos Electorales y al Módulo de Atención Integral Especializado, establece claramente que Carrasco será el encargado de la «revisión legal y visto bueno correspondiente» de todos los expedientes listos para presentar requerimientos fiscales.
«A partir de la fecha, todos aquellos expedientes cuya investigación esté concluida y listos para presentar requerimientos fiscales, tendrán que ser remitidos únicamente al abogado Víctor Migdonio Carrasco», señala categóricamente la comunicación del Fiscal General, añadiendo que este funcionario «será la última instancia previo a presentar los requerimientos fiscales ante los juzgados correspondientes».
La circular no se limita a establecer el nuevo procedimiento, sino que además incluye una advertencia para quienes no acaten la disposición. Según el documento, el incumplimiento de esta instrucción será considerado una falta menos grave, que podría derivar en sanciones con suspensión en el servicio sin goce de salario por un período de hasta cuatro días.
Esta decisión del Fiscal Zelaya ha generado controversia dentro del Ministerio Público, ya que en la práctica deja sin funciones sustantivas al actual director de fiscales, Juan Carlos Sánchez Villalobos, quien fue nombrado en el cargo apenas en abril de 2024, hace menos de un año.
La medida se produce en un contexto particularmente sensible para Honduras, donde el Ministerio Público ha estado bajo escrutinio público por su actuación en casos de alto perfil, incluyendo los relacionados con las recientes elecciones primarias que han generado fuertes tensiones institucionales en el país centroamericano.
Analistas legales señalan que esta concentración de facultades en un solo funcionario podría tener implicaciones significativas para la independencia de los fiscales y la autonomía investigativa dentro del Ministerio Público.
