Tegucigalpa.- El Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya, confirmó este viernes que ya tiene en su poder el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el polémico caso del «cheque-video», que involucra a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
A través de su cuenta en la red social «X», el titular del Ministerio Público informó que el documento del TSC recomienda una evaluación de su contenido para determinar las acciones legales correspondientes.
En respuesta, Zelaya anunció que ha girado instrucciones precisas. «He instruido a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) que de manera inmediata analice el contenido de la auditoría del TSC y lo incorpore a las investigaciones en curso», posteó. Además, afirmó que ya existen «avances» en las pesquisas, aunque no ofreció detalles específicos sobre los mismos.
Un escándalo de presunta corrupción
El caso del «cheque-video» estalló tras la filtración de una grabación que exponía una conversación entre la diputada del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, y el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona. En el video, ambos parecían acordar el uso de fondos estatales para financiar actividades de campaña política de Libre en el departamento de Copán.
La controversia, que dejó en evidencia el presunto uso de recursos públicos con fines proselitistas, provocó la renuncia de Cardona a su cargo como ministro. Sin embargo, hasta la fecha, el caso no ha tenido mayores consecuencias legales para los implicados, ya que no se ha presentado ningún requerimiento fiscal.
Por su parte, la diputada Cuéllar fue suspendida de sus cargos internos en el partido Libre, pero ha mantenido su curul y su posición como vicepresidenta del Congreso Nacional. Recientemente, ha vuelto a la actividad pública en redes sociales, promocionando su campaña de reelección y la de la candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada.
La llegada del informe del TSC al despacho del Fiscal General marca un paso clave en un caso que ha sido emblemático de las denuncias de corrupción en la actual administración.
