Tegucigalpa. – “Se están fraguando más de 30 órdenes de captura contra las personas que hemos estado al frente de esta lucha de exigencia de incremento salarial. Le mandó un mensaje al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y a la presidenta de la República, Xiomara Castro, de que interpongan sus buenos oficios para resolver la crisis en el Ministerio Público”, denunció este sábado el portavoz de la Asociación de Fiscales de Honduras, Josías Aguilar.
El dirigente denunció que esas capturas están planificándose por fiscales jefes que han sido las personas responsables de manchar la reputación de nuestra institución, y nosotros estamos exigiendo un derecho con el lema de recuperar la dignidad del Ministerio Público”.
Aseguró que esas personas son las que quieren presentar los requerimientos fiscales y son las mismas que han llevado en detrimento a la institución.
En ese sentido, Aguilar les recordó a esas personas que los fiscales también pueden presentar requerimientos fiscales en contra de ellos, por lo que la situación podría volverse una “guerra jurídica” en los tribunales de sentencias del país.
“Hay un peligro inminente no solo de los fiscales, sino de todos los servidores o empleados del Ministerio Público que están en la lucha. Nosotros estamos armando un Comité de Asuntos Legales para solicitar formalmente medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH)”, informó el profesional del derecho.
Agregó que este día sostendrán una reunión a nivel nacional con todos los enlaces para determinar sus posturas el lunes sobre la situación insostenible por el silencio del Fiscal General de la República.
“Cualquier atentado que ocurra en contra de mi vida y la de mis compañeros es responsable directo el Fiscal General y el Gobierno Central”, advirtió.
Señaló que se maneja que las mismas órdenes de capturas serían desde dentro de los jefes fiscales especiales y por parte de la Dirección General de Fiscalías.
En ese sentido, precisó que serían el director y subdirector y de algunos fiscales jefes que estarían prestándose para presentar los requerimientos fiscales en contra de las personas del movimiento que lleva más de seis semanas en protesta por un aumento salarial.
