Tegucigalpa – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, ha llevado a cabo una investigación exhaustiva que ha culminado con la presentación de un requerimiento fiscal con orden de captura contra el coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez.
Este oficial es señalado como presuntamente responsable de cinco delitos de homicidio que tuvieron lugar durante las protestas suscitadas en el año 2017, en el contexto de las disputadas elecciones y la polémica por la reelección.
Las personas fallecidas, cuyas vidas se vieron trágicamente truncadas, responden a los nombres de Víctor Evelio Martínez Álvarez, Roger Alberto Vásquez Reyes, José David Ramos Lamber, Mauricio Yonathan Echeverría Hernández y Michael Yair Ponce Sauceda.
Según las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, el fatídico 1 de diciembre de 2017, un grupo de ciudadanos se encontraba manifestándose en una de las calles de la Colonia López Arellano de San Pedro Sula.
En este contexto, el coronel Ponce Martínez, al mando de 172 policías militares del Orden Público, llegó al lugar con la finalidad de dispersar a los manifestantes.
El momento trágico ocurrió cuando los ciudadanos que participaban en la protesta intentaron permitir el paso de un vehículo conducido por un familiar enfermo que necesitaba llegar urgentemente a un hospital.
En ese preciso instante, siguiendo las órdenes del coronel, los policías militares adoptaron una postura ofensiva y abrieron fuego indiscriminadamente contra los manifestantes, arrebatando la vida de cinco ciudadanos que quedaron sin vida en el pavimento.
Tras el fatídico suceso, varios policías militares iniciaron una persecución contra los pobladores, quienes, presos del pánico, huían en todas direcciones.
En medio del caos, los agentes propinaron golpes con sus armas, toletes y patadas, dejando a muchas personas gravemente heridas.
Posteriormente, bajo las instrucciones del coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez, varios militares manipularon la escena del crimen, recogiendo los casquillos de las armas utilizadas y colocando armas de fuego junto a los manifestantes fallecidos en un intento por distorsionar los hechos.
Sin embargo, las pruebas presentadas por el Ministerio Público han desvirtuado estas falsas representaciones.
Además, los militares desplegados en la zona procedieron a cubrir con tierra los charcos de sangre, en un intento por ocultar la magnitud de la violencia perpetrada en aquel fatídico día.
Estos hechos han sacudido a la sociedad y subrayan la importancia de la justicia y la rendición de cuentas ante actos de violencia y abuso de poder.
