Tegucigalpa – El fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, afirmó este jueves que cuentan con pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, y otras ocho personas en un caso de corrupción que involucra a exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Según las investigaciones del Ministerio Público, Asfura habría participado en un esquema de lavado de dinero que desvió más de 28.5 millones de lempiras de fondos municipales.
Junto a él, están imputadas Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo, acusadas de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Otros involucrados en el caso son Mario Roberto Zerón Suazo y Rony López Córdova, señalados por fraude y violación de los deberes de los funcionarios; Wilmer Gerardo Rodríguez y Roger Ariel Amador, acusados de lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos; y Óscar Rolando Uriarte Romero, imputado por lavado de activos.
Luis Javier Santos indicó que la investigación se ha estado llevando a cabo desde 2018. «Hay aspectos del requerimiento que no se pueden revelar y esperamos que el juez tome una decisión», comentó el fiscal, subrayando que se han respetado las garantías procesales de los imputados al recabar sus declaraciones.
El fiscal destacó que el trabajo de la UFERCO es realizar investigaciones y presentar los requerimientos correspondientes. «No se ha solicitado secretividad en el proceso, por lo que toda la documentación saldrá a la luz pública», añadió Santos.
Respecto a las posibles acciones judiciales inmediatas, señaló que será el juez quien decida si se emite una orden de captura contra el exalcalde capitalino y los demás implicados. «Nuestro objetivo es que se haga justicia y que los responsables rindan cuentas ante la ley», concluyó.
Este caso representa un paso más en los esfuerzos de las autoridades hondureñas por combatir la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública. La decisión del juez en las próximas etapas del proceso será crucial para determinar el curso de este emblemático caso.
