Tegucigalpa – El Estado de Honduras logró una importante victoria en su lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, gracias a una sentencia de privación definitiva de dominio emitida este lunes.
La determinación se logró luego de asegurar más de 100 millones de lempiras, equivalentes a más de cuatro millones de dólares, que se encontraban en el sistema financiero estadounidense a nombre de Axel Gamaliel López Guzmán.
La sentencia se fundamentó en 87 medios de prueba aportados por el Ministerio Público, en contraposición a los escasos cinco presentados por la defensa privada.
Este fallo allana el camino para que el Estado de Honduras solicite la restitución del dinero congelado en las cuentas del banco JP Morgan Chase: 120056152 de Elmed Medical System Inc, 8844713540 de Elmed / Gammatech International Inc y 60537600 de Vertisa Medical Waste Technology Llc.
La Fiscalía hondureña iniciará el proceso de recuperación de la millonaria suma a través de nuevas asistencias legales, en base a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Corte de Washington D.C.
Axel López, acusado desde el 8 de abril de 2021 ante el juzgado del circuito anticorrupción, se encuentra prófugo de la justicia y en su contra pende una orden de captura con alerta roja internacional y un pedido de extradición.
López está implicado en el caso Hospitales Móviles, en el que se pagó a su empresa, en el año 2020, más de 47 millones de dólares por la compra de siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento, cuyo costo real fue de 26 millones 500 mil dólares.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) continúa con las investigaciones en el caso Hospitales Móviles y no se descartan nuevas acusaciones.
En el pasado, el Ministerio Público de Honduras ha logrado identificar, incautar y privar bienes en el extranjero, en casos de corrupción como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), demostrando su capacidad para recuperar dinero lavado producto de saqueos a instituciones públicas y que se han invertido en bienes raíces, activos de lujo o empresas en diferentes países.
En definitiva, esta sentencia representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras y es una muestra de que la justicia está trabajando para recuperar los recursos que han sido robados al pueblo hondureño.
