Tegucigalpa – En una inusual comparecencia transmitida en cadena nacional de radio y televisión, el Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, junto al coordinador de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, justificaron la acusación penal presentada contra el exalcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.
La transmisión, solicitada previamente por Zelaya a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) bajo el argumento de ser un «mensaje de interés nacional», tuvo como objetivo explicar a la ciudadanía los fundamentos de la acusación.
Ambos funcionarios enfatizaron que el proceso judicial se basa en evidencias sólidas que apuntan a presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Asfura al frente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
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«Los delincuentes que han tejido redes de corrupción y criminalidad no tienen color, raza, bandera o partido político; solo buscan enriquecerse a costa del pueblo hondureño», afirmó el Fiscal General. Subrayó que la corrupción y el narcotráfico son flagelos que han dejado una estela de dolor y sangre en el país, afectando gravemente el presente y futuro de Honduras.
Luis Javier Santos, por su parte, detalló el esquema investigado por la UFERCO. Explicó que entre 2017 y 2018, Nasry Asfura y el entonces tesorero municipal, Mario Roberto Zerón, habrían solicitado al banco administrador del fideicomiso municipal la emisión de 32 cheques de caja.
Estos cheques, por conceptos de «reembolso», «fondos rotatorios» y «fondos rotatorios especiales», fueron emitidos a nombre de Asfura, Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo, y posteriormente depositados en sus cuentas personales.
«Contamos con información financiera, documentos, declaraciones de testigos y análisis periciales que demuestran que se desviaron 128 millones 559 mil 062 lempiras», afirmó Santos. Añadió que los fondos habrían sido utilizados para fines distintos a los previstos, incluyendo la financiación de campañas políticas.
La investigación, iniciada en febrero de 2019, forma parte de los esfuerzos del Ministerio Público por retomar casos dejados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Zelaya destacó que el Ministerio Público no persigue a individuos por sus ideas políticas, sino que su objetivo es combatir el crimen y la impunidad en todas sus formas.
El mismo día de la comparecencia, el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente dictó medidas distintas a la prisión para Asfura y otros ocho imputados, entre ellos Cinthia Elizabeth Borjas y Nilvia Ethel Castillo.
Los cargos incluyen lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos públicos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
La decisión de utilizar una cadena nacional para exponer detalles de un caso judicial ha generado diversas reacciones en la opinión pública y el ámbito político. Algunos sectores ven en esta acción una muestra de transparencia y compromiso con la justicia, mientras que otros cuestionan el uso de medios estatales para abordar procesos en curso.
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El proceso legal contra Nasry Asfura, quien también fue candidato presidencial en las elecciones de 2021, se desarrolla en un contexto de creciente atención hacia la lucha contra la corrupción en Honduras. Las autoridades judiciales han hecho un llamado al Poder Judicial para que actúe con responsabilidad y garantice un proceso justo y apegado a derecho.
La ciudadanía y observadores internacionales seguirán de cerca el desarrollo de este caso, considerado emblemático en los esfuerzos por fortalecer el Estado de derecho y combatir la impunidad en el país.
