Tegucigalpa, Honduras. — La construcción de tres hospitales de la Red Solidaria queda en pausa mientras la justicia determina si hubo irregularidades en el manejo de los recursos. Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó este lunes que el ente acusador ordenó la suspensión de las obras en Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque, centros financiados con fondos nacionales.
La decisión no es administrativa, sino judicial. Según explicó Mora, el Ministerio Público solicitó ante un juez una medida de neutralización de los efectos del delito, y el juez la otorgó. «El Ministerio Público le ha pedido ante un juez, y el juez ha otorgado que se pare por el momento o temporalmente la construcción de estos tres hospitales para que el Ministerio Público investigue si hay un delito y quiénes son los responsables», detalló el funcionario.
Detrás de esta medida hay una cifra que obliga a mirar con atención: más de dos mil millones de lempiras están implicados en la construcción de estos tres centros de salud. El ente acusador quiere asegurar que no haya habido fraude, mal manejo de fondos o irregularidades en la ejecución de las obras. Por eso, ya se está solicitando toda la documentación del proyecto de edificación.
Para llevar adelante la investigación, la Fiscalía para el Combate a la Transparencia y a la Corrupción Pública conformará un equipo integrado por fiscales, auditores e ingenieros, con el fin de determinar técnicamente qué está sucediendo en cada uno de los frentes de obra.
La suspensión confirma información adelantada durante el fin de semana por el presidente Nasry Asfura, quien indicó que tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) habían ordenado detener la ejecución de estos proyectos. El TSC, por su parte, también mantiene una investigación activa por presuntas irregularidades en la construcción de los tres hospitales.
Mientras avanza la pesquisa, las obras permanecen paralizadas. La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo tomará aclarar el uso de los recursos y qué implicaciones tendrá esta pausa para la atención de salud en las comunidades que esperaban estos nuevos centros. Por ahora, la prioridad del Ministerio Público es establecer responsabilidades y garantizar que los fondos públicos se destinen efectivamente al bienestar de la población.
