Tegucigalpa – El Ministerio Público dio el primer paso judicial en el esclarecimiento de las irregularidades ocurridas durante la pasada jornada electoral primaria, al presentar dos requerimientos fiscales contra los presuntos responsables de las graves fallas logísticas que marcaron los comicios del 9 de marzo.
En una comparecencia de prensa realizada la noche del lunes, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, informó que «hoy el Ministerio Público por medio de la Unidad Especial contra Delitos Electorales ha presentado dos requerimientos fiscales, uno en el juzgado con jurisdicción nacional y otro en el juzgado común». Asimismo, confirmó que ya hay personas capturadas, aunque por el momento se reservó revelar sus identidades.
El funcionario detalló que los acusados ante el juzgado con jurisdicción nacional son Joel Ramos García, excoordinador de proyecto de transporte electoral del CNE; Raúl Amílcar Rivera Montoya; Denis Emilio Hércules Rosa; Juan Carlos Canales Lobo; y José Martín Pastrana Sánchez, todos miembros de la Comisión Evaluadora para la Contratación del Transporte de Material y Equipo Electoral. Adicionalmente, se presentó requerimiento fiscal contra Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Ingeniería Logística fue contratada a pesar de no cumplir con los requisitos de idoneidad establecidos. El contrato estipulaba que la empresa debía contar con 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies para brindar el servicio adecuadamente. Sin embargo, las pesquisas revelaron que la empresa únicamente disponía de 10 cabezales y dos camiones.
El fiscal general también señaló que Joel Ramos entregó un estudio solicitando 43 millones de lempiras para la contratación del transporte, pero las empresas participantes presentaron ofertas por 21 millones de lempiras adicionales. «La Comisión Evaluadora tenía obligaciones y no las cumplió, dio por hecho la inspección mecánica y logística y dio por hecho que el contratista tenía toda la flota», subrayó Zelaya.
Los delitos imputados incluyen fraude, negociaciones incompatibles y violaciones a los deberes de los funcionarios públicos.
Cabe recordar que la jornada electoral del 9 de marzo estuvo marcada por significativos retrasos en la entrega de materiales electorales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que obligó al Consejo Nacional Electoral a extender el horario de votación hasta la madrugada del lunes en algunas zonas. Esta situación generó múltiples denuncias de irregularidades y acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición.
Las investigaciones del Ministerio Público continúan, mientras crece la presión ciudadana por garantizar una mejor organización de cara a las elecciones generales programadas para noviembre.
