San Salvador. – La Fiscalía de El Salvador ratificó en las últimas horas una acusación más en contra del expresidente salvadoreño Mauricio Funes y cinco personas más, involucradas en uno de los casos de peculado más sonados en el país centroamericano.
Los delitos que le imputan al exmandatario, nacionalizado nicaragüense, son peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho activo en torno a la obra denominada «presa El Chaparral».
El ministerio público dice contar con 70 testigos, mil 252 documentos, 112 evidencias y 34 experticias en torno al caso.
Los expresidentes de El Salvador, Antonio Saca y Francisco Flores, fueron parte de una trama de corrupción que desvió fondos del estado para otros usos.
El 26 de septiembre de 2008, el gobierno del expresidente Saca, condenado por malversar 300 millones de dólares durante su gestión, contrató a la empresa italiana Astaldi para la construcción de una presa hidroeléctrica por un monto de 219.9 millones de dólares.
El contrato se hizo bajo la modalidad «llave en mano» lo que significaba que ni la empresa contratista ni el Estado salvadoreño tenían permitido hacer modificaciones al precio o al periodo de ejecución de la obra.
Pero Astaldi no tardó en alegar situaciones anómalas en el terreno, como el movimiento del cauce del río y de un cerro cercano a la obra. Estos reclamos fueron recibidos por el expresidente Funes, quien asumió el cargo un año después del contrato.
El ministerio público dice que Funes contrató a dos consultoras expertas en arbitrajes internacionales para evitar un problema legal con Astaldi.
La Fiscalía General de la República presentó los cargos que se le imputan al expresidente Mauricio Funes que son: peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho activo en torno a la obra denominada «presa El Chaparral».
Pese a que las consultoras calificaron de inválidos los alegatos de Astaldi, Funes y los acusados decidieron hacer “un arreglo directo” con la empresa y le pagaron 108 millones de dólares por un 29.9 por ciento de avance en la obra. Es decir, pagaron 45.2 millones más de lo ejecutado.
«Es aquí donde se establece el monto de peculado porque el dinero del Estado fue destinado en beneficio de terceros», explicó el fiscal Germán Arriaza.
El expresidente Funes se defendió a través de su cuenta de Twitter: «Como presidente no me correspondía decidir ni la cancelación del contrato a Astaldi ni el monto a pagar. ¿Dónde está la prueba de que yo di la orden o que participé de las negociaciones con Astaldi para dar por finalizado el contrato?».
Asimismo, dijo que en su gobierno se pagaron 30 millones de dólares y que el resto había sido cancelado en el gobierno de Saca.
La Fiscalía salvadoreña acusa a Mauricio Funes de malversar 351 millones de dólares del presupuesto público junto a familiares, amigos y exfuncionarios.
Uno de los testigos asegura que el expresidente Funes recibió 3.5 millones de dólares por haber negociado el arreglo directo. Parte del dinero fue utilizado para crear un spa propiedad de la pareja del expresidente, dice la fiscalía.
El resto de los acusados son el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, Leopoldo Samour; el precursor del movimiento “Amigos de Mauricio” que llevó a la presidencia a Funes, José Miguel Menéndez; el representante legal de ASTALDI, Federico Perasgostine y la pareja de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
Dado que Guzmán y Funes fueron nacionalizados nicaragüenses por el gobierno de Daniel Ortega, el fiscal general de El Salvador ve lejos la extradición de ambos.
«Lastimosamente el expresidente Funes está prófugo de la justicia, hoy es nicaragüense y la ley nos impide seguir con el proceso para él, pero esto no impide que el juicio se siga diligenciando para los demás imputados».
