Tegucigalpa, Honduras. – El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) advirtió este jueves que la crisis económica estructural y la desigualdad territorial amenazan la democracia en Honduras, revelando que más del 74 por ciento de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que limita la productividad, reduce la recaudación fiscal y perpetúa la exclusión social.
El informe recalcó que la alta informalidad laboral y debilidad institucional están erosionando la gobernabilidad democrática del país, sumándose una estructura productiva dependiente de importaciones, con bajo valor agregado y escasa capacidad para generar empleo digno, especialmente en zonas rurales y del litoral caribeño.
La organización sostuvo que la falta de inversión en infraestructura estratégica —como caminos rurales, riego, electrificación, conectividad digital y servicios de salud y educación— profundiza las brechas entre territorios y eleva los costos de producción, debilitando la competitividad nacional.
El FOSDEH acotó que el estancamiento económico combinado con la expansión de economías ilícitas, la violencia y la corrupción ha permitido el avance de redes criminales, extorsión y prácticas clientelares que desincentivan la inversión privada y refuerzan la desconfianza ciudadana.
El informe también señaló que la degradación ambiental, expansión de monocultivos, deforestación y vulnerabilidad climática afectan directamente la sostenibilidad económica de comunidades rurales, especialmente MIPYMES agrícolas sin acceso a seguros ni financiamiento.
Ante este diagnóstico, el FOSDEH propone una estrategia integral basada en siete ejes: inversión productiva con enfoque territorial, fortalecimiento de MIPYMES, política de empleo digno para jóvenes y mujeres, institucionalidad transparente con rendición de cuentas, justicia ambiental y sostenibilidad productiva, mejora de servicios públicos esenciales, y participación económica y política de mujeres y juventudes.
«La democracia también se fortalece cuando la economía genera oportunidades reales en todos los territorios», destacó el organismo, advirtiendo que sin cambios estructurales, la brecha entre ciudadanía y Estado seguirá ampliándose, debilitando la confianza pública y la gobernabilidad.
