Tegucigalpa, Honduras. – La crisis política que atraviesa Honduras ha comenzado a pasar factura a su economía. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) advirtió este día que la creciente «desinstitucionalización acelerada» del país está generando un impacto económico tangible y peligroso.
En un pronunciamiento público, el organismo de sociedad civil expresó su profunda preocupación por el deterioro del entorno democrático, visible en la «inoperatividad prolongada del poder legislativo, las tensiones en los organismos electorales y el debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia».
Según el Fosdeh, esta erosión de los contrapesos democráticos no es un asunto abstracto. «El riesgo político no es una categoría superflua: porque se traduce en riesgo fiscal y monetario», sentenció la organización.
El análisis del Fosdeh indica que el nivel de riesgo país de Honduras ya muestra señales de vulnerabilidad. La incertidumbre política está generando costos financieros adicionales para el Estado, contrayendo el ambiente de inversión y limitando el acceso a crédito externo.
Esta situación, advierten, compromete la capacidad de Honduras para cumplir con sus obligaciones financieras tanto este año como en 2026, y podría dañar la credibilidad del país ante socios multilaterales.
Ante este sombrío panorama, el Fosdeh hizo un llamado directo a la comunidad internacional para que reoriente su estrategia de cooperación. Piden que el apoyo no se limite a desembolsos o proyectos aislados, sino que se enfoque en el «fortalecimiento real y verificable de la institucionalidad democrática».
«El acompañamiento externo, por necesario que sea, pierde sentido si no contribuye a reconstruir la capacidad del Estado para gobernar con transparencia, independencia y eficacia», señala el documento. Para el Fosdeh, sin estabilidad política y fiscal como condición previa, cualquier ayuda financiera corre el riesgo de sostener estructuras debilitadas en lugar de transformarlas.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la «responsabilidad compartida» entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional como única vía para preservar la estabilidad y la viabilidad democrática del país.
