Por: Carla Mascia | El PaísCuando una formación política deslegitima la institución judicial de un país democrático en un intento de esquivar sus responsabilidades penales, obviando intencionadamente la verdad y el bien común, raramente hay vuelta atrás. El daño producido al sistema, a la confianza de la ciudadanía en las instituciones, tiene muy difícil arreglo, si es que lo tiene. Basta mirar a Estados Unidos, cuya democracia nunca fue tan frágil como bajo el mandato de Trump. Por ese motivo, es más que preocupante que la líder del Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, haya elegido una estrategia de descrédito hacia la justicia tras haber sido declarada culpable por malversación de fondos públicos e inhabilitada por cinco años con efecto inmediato.
El giro discursivo operado por la formación ultra es llamativo. Ha pasado de perseguir la normalización de cara al electorado moderado a abrazar la retórica trumpista, denunciando una “cábala política” que “asesina a la democracia”. Su objetivo es clarísimo: imponer un relato alternativo, el de un complot de los jueces destinado a impedir que la candidata natural del RN, favorita en las encuestas, acceda al poder en las presidenciales de 2027 ―ya que las vías de recurso contra esta sentencia serán muy estrechas de aquí a esa fecha―. Tanto es así que el delfín de Le Pen y presidente del partido, Jordan Bardella, no ha dudado en convocar una movilización “popular y pacífica” para demostrar que “la voluntad del pueblo es más fuerte” que la justicia. El joven lobo de la extrema derecha no debió de ver el sondeo que publicó este lunes nada menos que el diario conservador Le Figaro, en el que el 65% de los encuestados afirmaron no estar escandalizados por la condena mientras que el 54% consideraron que Le Pen había sido tratada como cualquier otra persona sometida a la ley.
No es sorprendente que un partido que ha hecho de la mentira su motor desde que fue fundado en 1972 por excolaboracionistas y por antiguos miembros de las Waffen-SS se quite por fin la máscara. En este momento, el RN se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y en el peor escenario posible para optar a la tan ansiada victoria en las presidenciales de dentro de dos años. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente chocante es que la derecha tradicional secunde a la formación en este intento por desestabilizar las instituciones democráticas. En las semanas que han precedido el juicio, tanto el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, como el propio primer ministro, François Bayrou, han contribuido a destilar ese tufo a “justicia política”, estimando que los requerimientos de la Fiscalía parecían excesivos. Por si fuera poco, Bayrou ha declarado este lunes estar “perturbado” por la decisión, según su entorno, y ha expresado sus dudas sobre la aplicación inmediata de la inhabilitación, estimando que los parlamentarios deberían “reflexionar” sobre el asunto. Observar cómo un primer ministro decide poner en duda la condena de una política que durante 11 años ha organizado el desvío de más de cuatro millones de euros de fondos públicos es más que inquietante. Quizá no es consciente del estropicio al Estado de derecho que consienten sus palabras.
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