Tegucigalpa – En medio de un impresionante dispositivo de seguridad, el administrador de la controversial empresa Koriun Inversiones, Iván Velásquez, y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, fueron trasladados este lunes a los tribunales de Tegucigalpa para enfrentar su audiencia inicial programada para las 8:30 de la mañana.
La pareja, acusada formalmente por el delito de lavado de activos, se presenta ante los tribunales a menos de un mes después de que las autoridades realizaran una contundente operación contra la empresa que ofrecía rentabilidades imposibles del 5% semanal (equivalente al 240% anual) en lo que los investigadores han calificado como un evidente esquema Ponzi.
El pasado 23 de abril de 2025, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y con apoyo operativo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó allanamientos simultáneos en todas las oficinas que Koriun mantenía en diversas ciudades del país.
Los hallazgos durante los operativos revelaron el carácter irregular de la operación: más de 358 millones de lempiras en efectivo fueron encontrados almacenados de forma rudimentaria en cajas de cartón, bolsas plásticas y gavetas, evidenciando la ausencia de controles financieros formales.
Adicionalmente, las autoridades lograron congelar 69.2 millones en cuentas bancarias y procedieron al aseguramiento de bienes, vehículos y propiedades pertenecientes a los representantes de la empresa.
La intervención policial desencadenó escenas de pánico entre los miles de inversionistas, quienes formaron extensas filas frente a las oficinas en Choloma, Copán y Santa Bárbara, exigiendo desesperadamente la devolución de sus fondos, muchos de ellos provenientes de ahorros de toda una vida o préstamos solicitados específicamente para invertir en Koriun.
Según confirmó el Ministerio Público, Koriun operaba bajo un esquema financieramente insostenible, incapaz de respaldar los extraordinarios rendimientos prometidos sin la constante captación de nuevos inversionistas. Las investigaciones preliminares sugieren que la empresa había comenzado a implementar estrategias para evadir responsabilidades e incluso habrían existido planes para abandonar el país.
Un dato revelador sobre la irregularidad de las operaciones fue proporcionado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), que confirmó que durante los siete años de funcionamiento, Koriun nunca realizó declaraciones fiscales ni pagó impuestos al Estado hondureño, operando completamente al margen del sistema tributario nacional.
El caso ha generado un intenso debate político sobre la responsabilidad de los entes reguladores, particularmente tras las recientes declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, quien admitió que la institución ignoró reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Koriun durante casi dos años.
La audiencia inicial que enfrenta hoy la pareja determinará si el juez de la causa ordena que continúen en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial por el delito de lavado de activos, en uno de los casos financieros más complejos y de mayor impacto social en la historia reciente de Honduras.
