Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras emitieron durante el fin de semana un comunicado oficial dirigido a los medios de comunicación nacional, en el que condicionan el trabajo periodístico y advierten sobre el manejo de información relacionada con la institución castrense. El pronunciamiento, calificado como peculiar por su tono, representa una nueva escalada en la tensa relación entre los militares y la prensa hondureña.
En el documento, el cuerpo castrense realizó «un enérgico llamado» a los medios de comunicación para que, según su perspectiva, no intenten dañar la imagen institucional. «Hacemos un llamado respetuoso, pero enérgico a los medios de comunicación a manejar la información con veracidad, objetividad y responsabilidad, evitando la difusión de información sin fundamento que pueda afectar la imagen de nuestra institución», establece uno de los párrafos centrales de la nota oficial.
El comunicado surgió como respuesta directa a una nota informativa publicada por el diario El Heraldo, que retrató al subdirector de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas participando abiertamente en actividades de campaña junto al partido en el poder, Libre. La publicación evidenció al funcionario militar acompañando a la candidata presidencial oficialista Rixi Moncada durante un evento político, situación que generó cuestionamientos sobre la neutralidad política que debe caracterizar a las instituciones armadas.
Ante estas críticas, los militares presentaron su justificación argumentando que los funcionarios que han ocupado el cargo de ministros de Defensa deben contar con un esquema de seguridad específico, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario. Esta explicación busca legitimar la presencia del uniformado, quien apareció vestido de civil, junto a la presidenciable durante el evento político en cuestión.
Las Fuerzas Armadas calificaron la nota periodística como «mal intencionada» y negaron categóricamente que la institución esté realizando proselitismo político, insistiendo en que sus miembros únicamente cumplen «labores de seguridad» cuando acompañan a figuras políticas. Esta posición institucional busca deslindar responsabilidades sobre cualquier participación directa en actividades electorales.
La controversia se intensifica en un contexto donde esta semana se conoció el despido del exportavoz castrense José Coello, a quien el alto mando militar le extendió la baja de la institución. El oficial, que ostentaba el rango de capitán, es esposo de la candidata a diputada Saraí Espinal, reconocida por ser una férrea crítica del actual gobierno y de diversas decisiones adoptadas desde el alto mando de las Fuerzas Armadas.
La situación refleja un patrón de confrontación que ha caracterizado la gestión del actual jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quien mantiene una relación tensa con la prensa nacional. Esta confrontación ha escalado hasta el punto de que Hernández ha presentado denuncias ante el Ministerio Público contra una docena de medios de comunicación, evidenciando una estrategia de presión legal contra el periodismo crítico.
Las actuaciones del jefe militar han trascendido las denuncias judiciales, incluyendo increpaciones directas a periodistas y exjefes castrenses, generando un ambiente de tensión en el ejercicio del periodismo en Honduras. De manera particular, Hernández se atrevió a declarar públicamente que el gobierno empleará a las Fuerzas Armadas para los fines políticos que consideren convenientes, una declaración que ha generado preocupación sobre el uso partidista de la institución militar.
El comunicado emitido por las Fuerzas Armadas representa un nuevo capítulo en esta confrontación con los medios, estableciendo condiciones para el trabajo periodístico que muchos interpretan como un intento de limitar la libertad de prensa y el derecho a la información en Honduras, especialmente en un momento preelectoral donde la fiscalización de las instituciones públicas cobra mayor relevancia.
