Tegucigalpa, Honduras. – Las Fuerzas Armadas de Honduras mantienen su posición de respetar la declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE) y garantizar la transición del poder el 27 de enero, según declaraciones pasadas del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Héctor Valerio, en medio de la presión del Congreso Nacional para realizar un recuento total de votos.
El encargado del Legislativo, Luis Redondo, insistió este sábado en su postura de contabilizar todas las urnas del proceso electoral. «Nosotros estamos pidiendo desde el Congreso Nacional de la República, en un hecho histórico, que se cuenten todos los votos de las 19,167 juntas receptoras de votos y que gane quien gane, no importa quién es el que resulte ganador, sea respetado después de que se complete el escrutinio total de las juntas receptoras de votos. Que se respete el voto de todo el pueblo hondureño», enfatizó Redondo.
Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna reacción de los tres consejeros del CNE, que representan a los tres partidos mayoritarios: Nacional, Liberal y Libre. El organismo electoral mantiene silencio ante las presiones del Congreso Nacional y el decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro que ordena el recuento de todas las actas electorales.
La postura de las Fuerzas Armadas se convierte en elemento crucial en medio de esta crisis institucional, ya que según declaraciones del general Héctor Valerio, los militares respetarán la declaración del órgano electoral y el 27 de enero -cuando finaliza el mandato de cuatro años de Castro- habrá transición del poder, independientemente de las pretensiones del Congreso Nacional de realizar un nuevo escrutinio.
Esta posición militar representa un freno institucional a las aspiraciones del oficialismo de prolongar el gobierno mediante la anulación o reversión de los resultados electorales proclamados por el CNE, que declaró ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.
La situación se complicó aún más cuando el Gobierno estadounidense advirtió el sábado de «severas consecuencias» ante «intentos para revertir la elección» presidencial que ganó Asfura, elevando la presión internacional sobre el oficialismo hondureño y el Congreso Nacional.
«Las voces de 3.8 millones de hondureños han hablado y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados de la elección. Los intentos para ilegalmente revertir la elección de Honduras tendrán serias consecuencias«, publicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. en la red social X, estableciendo una advertencia clara sobre las repercusiones que enfrentarían quienes busquen anular la voluntad popular.
La declaración estadounidense representa el respaldo más contundente de Washington al proceso electoral hondureño y a la declaratoria del CNE, al tiempo que constituye una amenaza directa a quienes participan en las maniobras para desconocer los resultados oficiales mediante el decreto legislativo y su posterior sanción presidencial.
Ante la advertencia de Estados Unidos, la presidenta Castro reaccionó pidiéndole a Trump sostener «un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral» del pasado 30 de noviembre en Honduras, en un intento de internacionalizar su versión sobre la crisis electoral y justificar las acciones de su gobierno.
«Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras», indicó Castro en un extenso mensaje publicado en la red social X, donde buscó posicionar su narrativa frente a Washington.
La mandataria hondureña enfocó parte de su solicitud de diálogo en cuestionar las declaraciones previas de Trump. En particular, señaló «sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata», refiriéndose a Rixi Moncada, la candidata del partido oficialista Libre que resultó derrotada según la declaratoria del CNE.
Con esta acusación, Castro intenta construir una narrativa de injerencia externa que justifique la derrota electoral de Libre, atribuyendo el resultado adverso no a la voluntad popular sino a la influencia de pronunciamientos del presidente estadounidense durante la campaña electoral.
La solicitud de diálogo con Trump ocurre después de que Castro convocó el sábado al Consejo de Ministros, una reunión extraordinaria que evidenció la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el ala oficialista del Congreso Nacional en la estrategia para cuestionar los resultados electorales oficiales.
El contexto político revela tres posiciones institucionales claramente diferenciadas: por un lado, el Congreso Nacional presidido por Redondo y respaldado por Castro que buscan el recuento; por otro, las Fuerzas Armadas que mantienen su compromiso con la declaratoria del CNE y la transición del 27 de enero; y finalmente, Estados Unidos y organismos internacionales que advierten consecuencias por intentos de revertir resultados certificados.
El CNE permanece en silencio ante toda esta presión, sin emitir reacción oficial ante el decreto que ordena el recuento ni pronunciarse sobre las presiones del Congreso Nacional para que entregue el material electoral o ejecute un nuevo escrutinio de las 19,167 urnas.
La postura de las Fuerzas Armadas de respetar la declaración del CNE se convierte en el elemento decisivo que podría frustrar las pretensiones del oficialismo, ya que sin el respaldo militar para trasladar el material electoral o ejecutar un nuevo conteo, el decreto sancionado por Castro carecería de mecanismos prácticos de implementación.
La fecha del 27 de enero mencionada por el general Valerio como momento de la transición del poder representa una línea temporal clara que el alto mando militar se ha comprometido a respetar, estableciendo un límite definitivo al mandato de Castro independientemente de las maniobras legislativas para prolongarlo.
