Tegucigalpa – Altos exfuncionarios de los últimos tres gobiernos nacionalistas desviaron al menos 80 millones de dólares (mil 973 millones de lempiras) de instituciones públicas y posteriormente los destinaron para la adquisición de bienes, como casas y hasta centros comerciales, en Panamá, República Dominicana, Nicaragua y Estados Unidos.
Lo anterior es la parte toral de un informe que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) elaboró y entregó a las autoridades de otro país que investiga a estos ex servidores por lavado de dinero mediante su sistema financiero, según trascendió.
En la mira están exministros y exdirectores de dependencias estatales de la administración de Porfirio Lobo (2010-2014) y de Juan Orlando Hernández (2014- 2022), quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Nueva York.
La fuente no entró en detalles sobre quiénes son los ex burócratas que incurrieron en un sistemático latrocinio ni la nación que requirió la información, porque se trata de una investigación abierta.
“Lo que puedo decir es que son exfuncionarios de primer nivel los involucrados” en este mecanismo de lavado de dinero transnacional, acotó.
La documentación recabada evidencia malversación de fondos, contratos ficticios o sobrevalorados y blanqueo de capitales en el exterior, acotó la fuente.
El origen de donde emanaba a raudales los dineros hacia los bolsillos de altos mandos del Poder Ejecutivo eran contratos, algunos sobrevalorados, sobre los cuales se cobraban coimas.
En este saqueo fungió como una figura toral un exministro del gobierno pasado que se encargada de cobrar como soborno un 20 por ciento del valor de los contratos.
“Lo que le puedo decir de esta persona es que no se encuentra en el país”, explicó sin dar más pistas.
De igual manera, se crearon proyectos ficticios a los que se les transferían recursos que solo “se ejecutaban en papel, pero nunca en realidad”.
En esta trama de corrupción aparecen figuras cruciales para que se lograra ocultar el dinero: testaferros.
Una serie de prestanombres trazaron una ruta por medio del sistema financiero nacional y de los cuatro países en mención, para mover los capitales al exterior
“La investigación es por lavado, pero también por testaferrato, porque hay bienes a nombre de terceros, de eso hay documentación”, indicó.
Una vez que el dinero fue transferido a las cuatro naciones antes mencionadas fue usado para las compras de vehículos, haciendas, ganado, un centro comercial, un mini centro comercial, entre otros.
De igual manera, hay registros de alojamientos en hoteles de lujo y compra de boletos para conciertos en el exterior.
“Hubo trabajo documental y trabajo in situ para respaldar la información” que fue entregada a un ente del país, indicó.
Al menos un par de exfuncionarios investigados viven en uno de los países donde adquirieron las propiedades con el dinero ilícito, acotó.
En los 12 años de gobiernos nacionalistas ocurrieron varios latrocinios como el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, casos “Pandora”, “Caja chica de la dama”, “Hermes” y la compra sobrevalorada de los hospitales móviles.
En el fraude al IHSS se malversaron, entre 2010 y 2014, unos seis mil 300 millones, cerca de 256 millones de dólares.
Mientras tanto, en el caso “Pandora” se desviaron 259 millones de lempiras (10.5 millones de dólares) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que estaban destinados a productores, pero que se utilizaron para financiar partidos políticos y gastos personales.
El último episodio de corrupción más emblemático fue en 2020 con la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles para atención de pacientes con Covid-19.
La adquisición de los sanatorios, que no reunían los requerimientos técnicos contractuales, se hizo por casi $48 millones, más de mil 200 millones de lempiras.
No obstante, de acuerdo con el Ministerio Público, el Estado perdió en esta compra unos 400 millones de lempiras, cerca de 15 millones de dólares, por sobrevaloración. En todos esos hechos, la Fiscalía presentó acusaciones, algunos ya cuentan con sentencias y otros siguen peleando su inocencia en los tribunales.
Por otro lado, Estados Unidos acusó a dos expresidentes de la Fenafuth, Rafael Leonardo Callejas (QDDG) y Alfredo Hawit, por usar su sistema financiero para recibir sobornos. Se entregaron a la justicia de ese país, que los condenó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó la semana pasada a Naciones Unidas observaciones a los términos de referencia que propuso el organismo para el envío de expertos que darán cumplimiento a la fase I del memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
El canciller Eduardo Enrique Reina indicó que prevé que la contestación de la ONU sea en un corto plazo para que proceda a realizar los arreglos administrativos de la llegada de la misión preparatoria.
Honduras y Naciones Unidas firmaron el 12 de diciembre de 2022 un memorando de entendimiento para la instalación de la CICIH.
Si Honduras cumple las recomendaciones que formulen los expertos, se procederá a la fase II, que consiste en la instalación de la CICIH.
La CICIH es una promesa de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió el poder en enero de 2022.
