Tegucigalpa – En medio de la creciente preocupación por las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre deportaciones masivas, autoridades hondureñas han salido a calmar los temores de la comunidad migrante.
El vicecanciller Antonio García enfatiza que tales amenazas enfrentarían significativos obstáculos logísticos y legales para su implementación.
García, mediante su cuenta en X, señaló que las advertencias de deportaciones masivas son impracticables, argumentando que la expulsión de 11 millones de indocumentados requeriría una compleja red de acuerdos de readmisión, planes de vuelo y verificaciones de nacionalidad.
El diplomático destaca que existen protecciones bajo el derecho internacional que impedirían una acción tan drástica.
Los planes migratorios de Trump incluyen la eliminación de la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados y el nombramiento de Tom Homan como zar fronterizo.
Sin embargo, ha mostrado cierta flexibilidad hacia los «dreamers», sugiriendo un plan para su permanencia en el país.
Mientras tanto, un reciente informe del Instituto de Política Migratoria revela que durante la administración Biden, aproximadamente 5.8 millones de extranjeros ingresaron a Estados Unidos buscando asilo u otros amparos migratorios.
La mayoría, unos 4.7 millones, fueron solicitantes de asilo en la frontera sur, mientras que otros grupos significativos incluyeron beneficiarios de permisos especiales de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, así como refugiados ucranianos.
La complejidad de la situación migratoria y las limitaciones prácticas y legales sugieren que las amenazas de deportaciones masivas inmediatas podrían enfrentar obstáculos significativos para su implementación, según las autoridades hondureñas.
