Tegucigalpa – Un fuerte cuestionamiento sobre el origen de los fondos en las campañas políticas hondureñas fue planteado por Henry Rodríguez, jefe del departamento de economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien expuso la preocupante disparidad entre los ingresos oficiales de los funcionarios públicos y sus gastos electorales.
De acuerdo con Rodríguez, un legislador en el Congreso Nacional percibe aproximadamente ocho millones de lempiras durante los cuatro años de su periodo, incluyendo salarios y beneficios. Sin embargo, el académico destacó el alarmante fenómeno de aspirantes que invierten cantidades superiores a esta cifra en sus campañas electorales, incluso cuando no logran obtener un cargo.
«Ahí es donde se requiere transparencia. Como se ha visto ante la Unidad de Política Limpia, muchos políticos no presentan sus cuentas», señaló el economista, recordando que existen precedentes de financiamiento cuestionable en contiendas anteriores.
El experto universitario planteó una perspectiva económica sobre estas inversiones políticas: «Nadie invierte algo si no espera una retribución», sugiriendo que los políticos que financian sus campañas con recursos de procedencia dudosa eventualmente buscan recuperar su inversión a través de favores o ventajas una vez que acceden al poder.
Rodríguez expresó su preocupación por la percepción generalizada de la política hondureña como una vía de enriquecimiento personal en lugar de un servicio público. «Se esperaría que un político trabajara desinteresadamente por el desarrollo del país, pero desgraciadamente no es así. Son pocos los que no persiguen sus intereses particulares», afirmó.
Las observaciones del académico se suman a las demandas recurrentes de organizaciones civiles que abogan por una regulación más estricta del financiamiento político en Honduras, especialmente considerando que la corrupción continúa siendo uno de los problemas más graves que enfrenta el país centroamericano.
Esta situación plantea importantes desafíos para la democracia hondureña, donde la transparencia en el financiamiento electoral resulta fundamental para garantizar procesos democráticos legítimos y representantes públicos comprometidos con el bienestar general por encima de intereses particulares o de grupos específicos.
