Tegucigalpa, Honduras. – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, confirmó este lunes de manera reiterada que «el 27 de enero tendremos nuevo presidente» en Honduras, mientras negó categóricamente haber recibido orden del encargado del Congreso Nacional, Luis Redondo, para entregar el material electoral que permitiría ejecutar el recuento ordenado por decreto legislativo.
«A quién le dieron la orden, se supone, no hablemos con suposiciones… a quien le dio la orden, a mí no me la ha dado«, respondió el general Valerio ante la reiterada pregunta sobre la instrucción de Redondo de trasladar las 19,167 urnas para realizar el escrutinio «voto por voto», dejando claro que el alto mando militar no acata órdenes del Poder Legislativo en materia electoral.
El jerarca militar insistió en que las Fuerzas Armadas son «garantes de la alternancia» en el servicio de la Presidencia de la República, y que «tanto el 27 de enero garantizamos que tenemos un nuevo presidente», reafirmando tres veces en el mismo encuentro con periodistas la fecha constitucional de la transición del poder.
Valerio se negó a opinar sobre el llamado de Redondo para realizar el recuento de todas las urnas tras las elecciones del pasado 30 de noviembre, evadiendo pronunciarse sobre la legalidad o procedencia del decreto que ordena al CNE ejecutar un nuevo escrutinio o enfrentar que el Congreso Nacional asuma esa función.
El general refirió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) son los que tienen la responsabilidad sobre los procesos electorales y que las Fuerzas Armadas «estamos en apoyo a estos órganos», estableciendo claramente la cadena de mando institucional que los militares reconocen en materia electoral.
«Las Fuerzas Armadas de Honduras estamos en base a la Constitución de la República y lo vamos a seguir haciendo«, aseguró ante una avalancha de periodistas que lo consultaba este lunes durante un evento en Cancillería hondureña, enfatizando el apego constitucional como principio rector de las acciones militares.
El jefe del Estado Mayor Conjunto citó que la presidenta Xiomara Castro ha dicho que no estará ni un día más ni un día menos en el poder, invocando la promesa pública de la mandataria del 18 de diciembre cuando declaró que respetaría los resultados del CNE, aunque posteriormente sancionó el decreto que ordena desconocerlos.
Valerio Ardón dijo que sus análisis son militares y que cumple con la misión que les otorga la Constitución en su artículo 72, rehusándose a entrar en debates políticos o jurídicos sobre la crisis institucional que enfrenta Honduras a dos semanas de la transición presidencial.
Sobre la sesión del Consejo de Ministros del fin de semana en la que participó junto a Redondo y donde se formalizó la orden al CNE de realizar el recuento, el general refirió que fue «invitado especial» para escuchar lo que abordaban los funcionarios del gobierno, sin especificar si expresó opinión sobre el decreto electoral.
Su participación como invitado especial en el Consejo de Ministros donde Castro ordenó al CNE iniciar el recuento sugiere que el alto mando militar fue convocado posiblemente para medir su disposición a cooperar con el traslado del material electoral, aunque sus declaraciones posteriores evidencian que rechazó subordinarse a esa estrategia.
En torno a la solicitud de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, para que las FFAA mantengan y refuercen la defensa de la legalidad y la democracia, el general Valerio Ardón contestó que «nosotros no necesitamos solicitudes de ese tipo», lo hacemos porque «la misma Constitución lo emana» como parte de las funciones de estar «dándole seguimiento a ese material electoral».
La respuesta del jerarca militar a Hall revela que las Fuerzas Armadas no requieren instrucciones externas para proteger el material electoral y garantizar la alternancia, actuando por mandato constitucional propio más que por solicitudes del CNE, aunque en la práctica ambas posiciones coinciden en resistir las presiones del oficialismo.
El pasado jueves una ilegal Comisión Permanente del Congreso Nacional y una minoría de diputados de Libre y afines aprobaron un decreto que ordenaba al CNE recontar miles de actas en los tres niveles, de lo contrario lo haría el Poder Legislativo, lo que representa un desconocimiento de la declaratoria electoral y la intromisión en asuntos que solo competen al máximo órgano electoral que según la ley es independiente y autónomo.
El decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta, tras la autorización de la presidenta Castro, otorgándole carácter oficial a una norma aprobada sin el quórum de dos tercios requerido constitucionalmente para asuntos electorales, configurando lo que juristas y organismos internacionales han caracterizado como intento de autogolpe.
La triple confirmación del general Valerio sobre que «el 27 de enero tendremos nuevo presidente» representa el mensaje más claro del alto mando militar sobre su compromiso con la transición constitucional, frustrando cualquier expectativa del oficialismo de que las Fuerzas Armadas cooperarían con maniobras para prolongar el mandato de Castro.
La negativa de Valerio a confirmar que recibió orden de Redondo, combinada con su énfasis en que las FFAA responden al CNE y TJE en materia electoral, desmonta la estrategia del Congreso Nacional de ejecutar el recuento, ya que sin cooperación militar para trasladar el material del Infop resulta materialmente imposible que el Legislativo asuma funciones electorales.
El respaldo del general Valerio al CNE y al TJE como únicos responsables de procesos electorales contrasta con la pretensión del Congreso Nacional de usurpar esas atribuciones mediante el decreto sancionado por Castro, evidenciando que el alto mando militar ha tomado posición institucional clara a favor de respetar las competencias constitucionales de cada poder del Estado.
