Tegucigalpa, Honduras. – En medio de la crisis institucional más grave que enfrenta Honduras desde el retorno a la democracia, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, se ha convertido en el garante definitivo de la alternancia democrática al confirmar de manera reiterada y categórica que «el 27 de enero tendremos nuevo presidente», posicionando a las Fuerzas Armadas como la última barrera institucional que impide la consumación del autogolpe denunciado por organismos internacionales.
La promesa del general Valerio adquiere dimensión histórica en un contexto donde el gobierno de Xiomara Castro y el ala oficialista del Congreso Nacional han ejecutado una estrategia coordinada para desconocer los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, que con la participación de 3.8 millones de votantes declararon ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, según certificación del Consejo Nacional Electoral avalada por misiones de observación internacional.
La crisis se desató cuando una Comisión Permanente ilegal del Congreso Nacional convocó el pasado 9 de enero a una sesión extraordinaria donde una minoría de diputados de Libre y afines, sin alcanzar el quórum de 86 votos requerido constitucionalmente para asuntos electorales, aprobó el decreto 58-2025 que ordena al CNE realizar un recuento «voto por voto» de las 19,167 urnas, o en su defecto, que sea el Poder Legislativo quien asuma directamente esa función.
Más de 70 diputados opositores denunciaron que se les impidió físicamente ingresar al hemiciclo durante esa sesión, configurando lo que juristas han calificado como una usurpación de funciones del organismo electoral y un acto de traición a la patria, delito que según la legislación hondureña no prescribe y podría perseguirse incluso después de que concluya el actual gobierno.
La presidenta Castro sancionó el decreto apenas horas después de su aprobación, y este fue publicado inmediatamente en La Gaceta el mismo día, una celeridad inusual que evidencia la coordinación previa entre el Poder Ejecutivo y el ala oficialista del Legislativo para darle carácter oficial a una norma que desconoce la declaratoria del 24 de diciembre que proclamó a Asfura como presidente electo.
La maniobra adquirió dimensiones aún más graves cuando el encargado del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió el sábado tras participar como «invitado especial» en un Consejo de Ministros convocado por Castro, que si el CNE no ejecuta el recuento ordenado, «será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio», consumando así la apropiación de atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al organismo electoral autónomo.
Redondo formalizó este lunes la amenaza mediante una carta donde la secretaria legislativa Luz Angélica Smith notificó a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, que las decisiones del Congreso publicadas en La Gaceta son de «obligatorio cumplimiento» para todas las instituciones del Estado, exigiendo la realización inmediata del escrutinio bajo advertencia implícita de que el Legislativo asumiría esas funciones invocando supuesta omisión del CNE.
Pero es precisamente aquí donde la figura del general Valerio emerge como el factor decisivo que frustra materialmente la estrategia del oficialismo. El jerarca militar declaró este lunes, ante una avalancha de periodistas, que «a quien le dio la orden, a mí no me la ha dado», negando categóricamente haber recibido instrucciones de Redondo para trasladar el material electoral desde el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) donde permanece bajo custodia militar reforzada.
Sin la cooperación de las Fuerzas Armadas para mover las urnas y actas electorales, resulta materialmente imposible que el Congreso Nacional ejecute el recuento que amenaza con realizar, convirtiendo al general Valerio en la pieza clave que garantiza que la institucionalidad democrática prevalezca sobre los intentos de revertir resultados electorales certificados.
El general enfatizó que las Fuerzas Armadas «estamos en apoyo» al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral, los únicos organismos con responsabilidad constitucional en materia electoral, rechazando implícitamente subordinarse a órdenes del Poder Legislativo que carece de atribuciones para certificar comicios o anular declaratorias del organismo electoral autónomo.
«Las Fuerzas Armadas de Honduras estamos en base a la Constitución de la República y lo vamos a seguir haciendo», aseguró Valerio, reafirmando que el instituto castrense actuará conforme al artículo 72 de la Carta Magna que les encomienda ser garantes de la alternancia en el poder, defendiendo así la institucionalidad democrática frente a intentos de usurpación.
El general citó además que la propia presidenta Castro ha declarado públicamente que «no estará ni un día más ni un día menos» en el poder, invocando la promesa del 18 de diciembre cuando la mandataria dijo en una ceremonia militar que respetaría los resultados del CNE, aunque tres semanas después terminó sancionando el decreto que ordena precisamente desconocer esos mismos resultados.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció en un mensaje este lunes que el organismo electoral ha enfrentado «sabotaje sin precedentes» y una «confabulación» de sectores de partidos políticos para obstaculizar el escrutinio especial, advirtiendo que el material electoral «no puede ser tomado por la fuerza» y que el CNE se mantendrá firme pese a la «embestida violenta del oficialismo».
Hall reconoció públicamente la labor del general Valerio, a quien calificó de profesional y comprometido con la defensa de la democracia, y llamó a las Fuerzas Armadas a continuar custodiando el material electoral en apego al mandato constitucional, consolidando así una alianza institucional entre el CNE y el alto mando militar para resistir las presiones del oficialismo.
Los más de 70 diputados opositores que se autoconvocaron respondieron aprobando por unanimidad una resolución que ordena a las instituciones del Estado desconocer el decreto 58-2025, mientras la diputada Maribel Espinoza exigió castigar a todos los que participaron en la sesión ilegal del jueves, estableciendo una línea de confrontación parlamentaria contra la minoría oficialista.
Simultáneamente, los diputados opositores aprobaron autorizar que cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia pueda sustituir al secretario de Gobernación y Justicia en los actos protocolarios de transición si este no se presenta voluntariamente, anticipando posibles maniobras del oficialismo para boicotear la ceremonia de toma de posesión mediante la ausencia de funcionarios clave.
La crisis hondureña ha generado advertencias internacionales sin precedentes. Estados Unidos advirtió que los intentos de revertir ilegalmente los resultados electorales tendrán «severas consecuencias», el Reino Unido exigió una transición «pacífica, segura y transparente», la OEA expresó preocupación por violencia e ilegalidad, y ocho naciones latinoamericanas rechazaron el decreto que afecta la institucionalidad democrática hondureña.
El gobierno de Donald Trump fue particularmente explícito: «Las voces de 3.8 millones de hondureños han hablado y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados de la elección. Los intentos para ilegalmente revertir la elección de Honduras tendrán serias consecuencias«, publicó el Departamento de Estado, estableciendo una línea roja clara sobre acciones contra la voluntad popular.
En medio de esta tormenta institucional, el presidente electo Nasry Asfura inició este lunes una gira diplomática por Washington donde sostuvo reuniones con el secretario de Estado Marco Rubio y la subsecretaria de Estado Allison M. Hooker, consolidando el respaldo de la administración Trump a su presidencia electa y enviando una señal clara de que Estados Unidos lo considera el interlocutor legítimo de Honduras.
Rubio destacó durante el encuentro las prioridades compartidas en la lucha contra la delincuencia, la promoción de la inversión y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, este último punto adquiriendo particular relevancia mientras Honduras enfrenta intentos de revertir resultados electorales certificados por el CNE y avalados por observadores internacionales.
Asfura también se reunió con el secretario de Comercio Howard Lutnick, quien expresó su compromiso con el fortalecimiento del comercio bilateral y la atracción de inversión, confirmando que Estados Unidos está construyendo una agenda de trabajo con el presidente electo que iniciará formalmente el 27 de enero, independientemente de las maniobras del oficialismo hondureño.
La gira incluye además una visita a Israel, país con el que Asfura busca establecer acercamiento por los adelantos que posee en agricultura y tecnología de seguridad, diversificando así las alianzas internacionales del futuro gobierno y demostrando que la comunidad internacional reconoce su legitimidad como presidente electo.
El contraste es evidente: mientras Castro y Redondo ejecutan maniobras desesperadas para revertir resultados electorales mediante decretos cuestionados y amenazas de usurpar funciones del CNE, Asfura construye relaciones bilaterales con potencias mundiales que lo reciben como el próximo mandatario legítimo de Honduras, consolidando un aislamiento diplomático del gobierno saliente.
La cuenta regresiva hacia el 27 de enero se desarrolla así en dos planos paralelos: en el plano interno, las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo del general Valerio custodian físicamente el material electoral y garantizan que no será trasladado para ejecutar el recuento ilegal; en el plano internacional, Estados Unidos y aliados democráticos advierten consecuencias severas y construyen puentes con Asfura como presidente legítimo.
El general Valerio, al confirmar tres veces que «el 27 de enero tendremos nuevo presidente» y al negarse a acatar órdenes de Redondo, ha cumplido el papel histórico que la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas: ser garantes de la alternancia democrática, defendiendo la institucionalidad electoral frente a poderes que intentan usurparla.
Su postura profesional, apegada estrictamente a la Constitución y al respeto de las atribuciones del CNE como único organismo facultado para certificar elecciones, contrasta con la presión política que enfrenta del oficialismo que lo convocó como «invitado especial» al Consejo de Ministros probablemente esperando su cooperación con la estrategia de recuento.
La negativa militar a subordinarse a esa estrategia, combinada con la custodia reforzada del material electoral en el Infop y el rechazo explícito del general a reconocer órdenes de Redondo, ha convertido a las Fuerzas Armadas en el dique definitivo que impide la consumación del autogolpe, salvaguardando así la democracia hondureña en su momento más crítico.
Honduras vive así sus días más tensos desde el retorno a la democracia: un gobierno que se resiste a entregar el poder ejecuta maniobras legislativas cuestionadas; un Congreso fracturado entre minoría oficialista que aprueba decretos ilegales y mayoría opositora que se autoconvoca para desconocerlos; un CNE que denuncia sabotaje y confabulación mientras defiende su declaratoria; y unas Fuerzas Armadas que, bajo el liderazgo de Valerio, se posicionan como el garante final de que la voluntad de 3.8 millones de votantes sea respetada.
La promesa del general Valerio de que «el 27 de enero tendremos nuevo presidente» no es solo una declaración institucional: es el compromiso de las Fuerzas Armadas de Honduras con la democracia, la Constitución y la voluntad popular expresada en las urnas, consolidando al alto mando militar como la institución que, en última instancia, garantizará que la transición constitucional se concrete pese a todos los obstáculos que enfrenta.
