Tegucigalpa, Honduras. – El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el PCM 015-2026, mediante el cual declaró la expropiación por utilidad pública de los bienes inmuebles o fracciones necesarias para liberar el derecho de vía del libramiento sur de Tegucigalpa.
La medida busca remover uno de los principales obstáculos que mantiene atrasada la construcción de esta vía, proyectada para aliviar el tráfico entre la capital y los municipios ubicados en la salida al sur del país.
El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno durante una comparecencia encabezada por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, junto a autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa.
El proyecto contempla una vía de aproximadamente ocho kilómetros, que conectará el anillo periférico, a la altura de La Cañada, con el kilómetro 7.5 de El Tizatillo, en la carretera CA-5 Sur.
Con esta conexión, el Gobierno pretende habilitar una alternativa para miles de personas que diariamente se movilizan desde y hacia la zona sur de Tegucigalpa.
En ese corredor circulan más de 35 mil vehículos cada día, por lo que la obra busca reducir los prolongados tiempos de traslado que enfrentan trabajadores, estudiantes y familias.
Durante la comparecencia se detalló que habitantes de sectores como Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura, El Tizatillo y Sabanagrande pueden llegar a invertir varias horas diarias en sus desplazamientos hacia la capital.
La subsecretaria de Infraestructura y Transporte, Liana Martínez, explicó que el proyecto recibió orden de inicio el 29 de septiembre de 2025, con un plazo originalmente previsto de 24 meses.
Sin embargo, la obra acumula un atraso de siete meses debido a las dificultades para liberar completamente el derecho de vía.
“Tenemos un atraso de siete meses en la ejecución de este proyecto, por lo que el presidente Asfura tuvo a bien solicitar, en Consejo de Ministros, tomar esta medida para que nosotros podamos avanzar en la ejecución de este proyecto”, explicó Martínez.
La funcionaria indicó que ya existen trabajos de terracería, pero la liberación de sectores estratégicos es necesaria para instalar equipo de producción de concreto y avanzar posteriormente hacia la pavimentación.
El asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, explicó que la declaratoria se sustenta en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, así como en el artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.
Zacapa detalló que el procedimiento garantiza el pago de una indemnización justipreciada a los propietarios afectados.
Tras la declaratoria de expropiación, corresponde notificar a los dueños de los inmuebles o fracciones requeridas y realizar el pago correspondiente.
Si el propietario no acepta voluntariamente el monto establecido, la SIT podrá consignar el dinero ante el juzgado civil correspondiente o en una institución bancaria, donde quedará reservado a favor del afectado.
El asesor legal precisó además que los propietarios conservan el derecho de impugnar judicialmente el monto del justiprecio, conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente.
Al cierre de la comparecencia, el Gobierno reiteró que la ejecución de la obra y el respeto al derecho de propiedad deben avanzar de manera paralela.
“Como Gobierno responsable, lo que aquí hemos expresado de manera técnica y de manera legal: el pago al justiprecio por las tierras que se necesitan para este libramiento va. Eso no es negociable”, se recalcó.
Con la aprobación del PCM 015-2026, el Ejecutivo busca acelerar una obra considerada clave para reducir congestionamientos, tiempos de viaje y costos de movilización en la salida sur de la capital.
El libramiento sur pretende convertirse en una ruta alterna para miles de conductores que hoy dependen de corredores saturados para ingresar o salir de Tegucigalpa, especialmente desde municipios del sur de Francisco Morazán.
