Tegucigalpa, Honduras. – La expresidenta Xiomara Castro utilizó las últimas horas antes de entregar el poder a Nasry Asfura para realizar nombramientos y traspasos especialmente en el sistema de salud, asegurando que personas alineadas a Libertad y Refundación (Libre) se mantuvieran en puestos importantes mediante práctica de «blindaje» que gobiernos hondureños ejecutan históricamente durante transiciones.
Mientras Asfura, el Partido Nacional y la oposición se concentraban en garantizar el cambio del poder el 27 de enero, la administración Castro movió sus fichas con el afán de tener representación en algunos puestos del nuevo gobierno, estrategia que ha sucedido desde el retorno democrático cuando administraciones salientes protegen empleados para evitar destituciones.
La administración de la Secretaría de Salud durante el gobierno Castro estuvo marcada por escándalos, denuncias de ineficiencia y una serie de irregularidades que evidencian grave deterioro institucional desde el inicio de la gestión que dejó el sistema colapsado con 41 quirófanos inoperantes según reveló la designada presidencial María Antonieta Mejía.
Desde la llegada del doctor Manuel Matheu a la titularidad de Sesal se observó ambiente de desorden y falta de gobernabilidad, siendo uno de los principales factores la intromisión de colectivos del partido Libre en los procesos de nombramiento y constantes conflictos con gremios de salud que precipitaron su salida.
Tras la renuncia de Matheu asumió la ministra Carla Paredes, cuya gestión acumuló más desaciertos que logros según diversas fuentes, concentrándose críticas no solo en su desempeño dentro de Sesal sino también en su rol como coordinadora de la Junta Interventora del IHSS que no logró resolver crisis institucional del seguro social.
Fuentes administrativas revelaron que Paredes ignoraba de forma sistemática las recomendaciones de sus asesores y subalternos, quienes por temor a represalias terminaron ejecutando muchas de sus decisiones sin cuestionamientos, generando ambiente de subordinación que impidió correcciones técnicas necesarias para mejorar gestión sanitaria.
Entre los casos más polémicos figura la presunta asignación irregular de una plaza que no le correspondía por ley, refiriéndose al autonombramiento de Paredes como médico general con salario de 105 mil lempiras en Hospital San Lorenzo cuando el salario base ronda 36 mil, generando indignación del Colegio Médico que denunció «abuso de poder».
El exfiscal Edmundo Orellana señaló que el gobierno de Asfura puede revocar los nombramientos realizados por Castro si los funcionarios no han presentado declaración de bienes o completado trámites administrativos previo a toma de posesión, herramienta legal que permitiría deshacer el blindaje ejecutado en las últimas horas.
