Tegucigalpa, Honduras – Mientras el gobierno saliente insiste en “buscar recursos” para cubrir el presupuesto 2025, incluso recurriendo a fondos públicos “sin ejecutar” de años anteriores, la contratación de deuda interna para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se ha acelerado de forma significativa en las últimas semanas.
Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), en solo tres subastas realizadas en diciembre de 2025, el Estado colocó 3,023 millones de lempiras en bonos ENEE, con tasas de rendimiento que oscilan entre el 11,35 % y el 13,99 %, comprometiendo las finanzas públicas hasta por 15 años.
En la primera subasta, celebrada el 11 de diciembre, se adjudicaron 1,531.3 millones de lempiras de los 1,686.3 millones demandados (sobre una oferta de 2,030.5 millones). Los plazos y tasas fueron los siguientes:
- L200 millones a 11,35 % a 5 años,
- L395.5 millones a 12,03 % a 7 años,
- L729.9 millones a 13,38 % a 10 años,
- L205.9 millones a 13,95 % a 15 años.
Una segunda subasta, el 16 de diciembre, colocó la totalidad de los 580 millones demandados (de una oferta de 1,096 millones), distribuidos en:
- L234 millones a 12 % a 7 años,
- L346 millones a 13,73 % a 10 años.
Finalmente, el 18 de diciembre, en una tercera subasta, se adjudicaron 1,103 millones de lempiras (de una demanda total y oferta inicial de 1,553 millones), con los siguientes términos:
- L100 millones a 11,50 % a 5 años,
- L453 millones a 12,11 % a 7 años,
- L550 millones a 13,99 % a 10 años.
Estas operaciones reflejan una creciente presión sobre la sostenibilidad fiscal, ya que la ENEE, históricamente deficitaria, sigue siendo rescatada con deuda garantizada por el Estado, lo que traslada el riesgo al presupuesto nacional.
Analistas advierten que esta estrategia compromete gravemente las finanzas públicas del gobierno entrante de Nasry Asfura, cuya administración deberá asumir pagos de intereses elevados en un contexto de creciente presión social por servicios básicos y bajo crecimiento económico.
La deuda contraída en diciembre —con tasas que rondan el 14 %, entre las más altas del mercado interno— no solo agrava el déficit fiscal, sino que señala una gestión financiera de corto plazo en los últimos días del gobierno de Xiomara Castro, priorizando el sostenimiento de una empresa estatal sobre la estabilidad macroeconómica futura.
