Tegucigalpa – La Comisión en Defensa del Territorio y la Soberanía denunció este miércoles la ausencia de legalidad en el procedimiento que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que ha nombrado un co-árbitro para dirimir la demanda interpuesta por la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), Honduras Próspera.
Según denunciaron, Próspera y sus asociadas interpusieron una demanda contra Honduras, por un monto aproximado de 10 mil 700 millones de dólares.
La comisión está conformada por la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien la preside; el comisionado presidencial contra las Zede, Fernando García; el canciller Eduardo Enrique Reina y el Procurador General de la República, Manuel Antonio Díaz Gáleas, en representación del Estado.
En conferencia de prensa, la ministra Moncada señaló que el CIADI como organismo internacional al admitir esta “controversia” de las Zede, “está haciendo caso omiso de la legislación de Honduras, de disposiciones previstas en nuestro derecho interno desde 1988, de la pacta sunt servanda (lo pactado obliga), el que está violentando a sabiendas que rige los tratados internacionales”.
“A quienes quieren dividir y desarticular la patria, desde el gobierno de la República les decimos a esos enemigos, van a perder a nivel nacional e internacional”, advirtió.
Según la funcionaria, “nos asiste la razón, el derecho, principios nacionales e internacionales, pero sobre todo una normativa nacional vigente desde 1988 y ratificada en el 2000 que dispone que el Estado de Honduras no va a cortes ni organismos internacionales mientras no se agote el derecho interno”.
De su lado, el canciller Reina reveló que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y cumpliendo el decreto que “nos hace parte de esta comisión vamos a defender la soberanía, el territorio a toda costa y a toda presión que podamos recibir en nombre del gobierno y en favor del pueblo”.
“Las Zede es una aberración jurídica desde todo punto de vista, pretender destruir al Estado de Honduras, desarticularlo. El gobierno y la Cancillería a través de esta comisión velará por el cumplimiento del derecho internacional y el derecho interno”, sostuvo.
El gobierno ya envió comunicación oficial al CIADI con relación al proceso promovido por la empresa Honduras Próspera Inc, la cual intenta sostener un ilegal litigio contra el Estado.
“El gobierno solicitó que quede sin efecto la propuesta de nombramiento del co-arbitro Claus Von Wobeser de nacionalidad mexicana-alemana nombrado por CIADI sin el consenso de la República de Honduras y sin las prevenciones que establecen las reglas de arbitraje de la institución”, detalló Díaz Gáleas.
Señaló que ese árbitro ha realizado diversos servicios para la firma White & Case, representante legal de Honduras Próspera Zede, así como también tanto el titular como sus socios guardan relaciones académicas y comerciales en otros arbitrajes particularmente contra la República de Panamá.
“Es inadmisible para la República de Honduras que un profesional que ha estado a sueldo del despacho White & Case, repito representante legal en CIADI de Honduras Próspera ZEDE, ahora sea nombrado por CIADI como co-árbitro del Tribunal, hay un claro, hay un evidente conflicto de interés y resulta extraño que coincidentemente, un árbitro que ha estado al servicio de White & Case Zede Próspera Honduras, sea designado para ocupar el lugar de árbitro en la controversia”, cuestionó.
Indicó que de un total de 191, quizá más de 200 posibilidades, en la base de datos de CIADI consta que esta institución dispone exactamente de un árbitro que ha estado al servicio de la corrupción.
“Es prioridad para el gobierno, esta Comisión y la PGR combatir todas las prácticas de corrupción público-privada y defender absolutamente la soberanía de la nación, el territorio y los derechos humanos de todos los hondureños”, puntualizó.
