Tegucigalpa, Honduras. – El Poder Judicial enfrenta una crisis financiera ante la deuda de más de 1,200 millones de lempiras que el gobierno saliente de Xiomara Castro mantiene sin transferir, según reveló este lunes el oficial de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
«Se mantiene preocupación permanente en las autoridades, una zozobra igualmente, y es una preocupación latente de la presidenta de este poder del Estado», expresó Duarte ante la falta de transferencias presupuestarias de parte del gobierno que concluye mañana martes su gestión.
En la última revisión este lunes 26.01.2026 al sistema de transferencias, se comprobó la existencia de una deuda de más de 1,200 millones de lempiras por parte del gobierno saliente de Xiomara Castro correspondiente al año fiscal 2025.
«Hasta hoy no ha habido transferencia ni total ni parcial«, subrayó categóricamente Duarte, evidenciando que el gobierno concluye su gestión sin haber cumplido con las obligaciones constitucionales hacia el Poder Judicial.
El funcionario manifestó que están a la espera de que las promesas de los últimos días en relación a la acreditación de los fondos puedan darse en las últimas horas de este lunes, última jornada hábil completa de la administración Castro.
Duarte expresó que el Poder Judicial ha hecho «malabares financieros» este enero para poder cumplir sus compromisos presupuestarios ante el impago del gobierno, afectando seriamente la operación normal del aparato judicial hondureño.
Varias giras de trabajo de la CSJ han tenido que suspenderse, al igual que se detuvieron algunas construcciones que ejecuta el aparato judicial hondureño, limitando la capacidad de expansión y mejora de servicios en distintas regiones del país.
El oficial de Comunicaciones puntualizó que «si la situación continúa de la misma manera, pues ya la situación en el próximo mes ya será un poco más difícil«, advirtiendo que febrero representará desafíos mayores si la deuda no se salda antes del cambio de gobierno.
En su discurso de presentación de informe ante el Congreso Nacional este domingo, la presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, señaló que pese a las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial trabaja para dar respuesta a las demandas de la población.
La magistrada exigió la asignación presupuestaria no menor del 3% del Presupuesto General como lo ordena la normativa vigente, derecho constitucional que el gobierno saliente incumplió sistemáticamente durante su gestión.
La deuda de 1,200 millones de lempiras representa aproximadamente 48.7 millones de dólares, recursos que debieron haberse transferido durante 2025 para garantizar el funcionamiento normal del Poder Judicial que enfrenta sobrecarga con 45,135 casos penales ingresados en 2025.
Los «malabares financieros» mencionados por Duarte implican que la CSJ tuvo que recurrir a medidas extraordinarias como retrasar pagos a proveedores, suspender proyectos y limitar gastos operativos para mantener funcionando los juzgados y tribunales del país.
La suspensión de giras de trabajo afecta la supervisión de juzgados regionales y la coordinación con autoridades locales, mientras que la detención de construcciones retrasa la apertura de nuevos juzgados en zonas que carecen de infraestructura judicial adecuada.
El impago del gobierno Castro al Poder Judicial contrasta con las inauguraciones parciales y obras incompletas que caracterizaron su gestión, evidenciando prioridades cuestionables en la asignación de recursos públicos.
La situación financiera de la CSJ se agrava considerando el incremento del 20% en casos penales durante 2025, las 14,685 denuncias de violencia doméstica y más de 14,500 casos de familia anuales que requieren atención oportuna del sistema judicial.
El nuevo gobierno de Nasry Asfura que asume mañana heredará esta deuda con el Poder Judicial, sumándose a los múltiples pasivos que deja la administración Castro incluyendo los 110 mil millones de deuda de la ENEE y obras inconclusas en salud y educación.
La zozobra mencionada por Duarte refleja la incertidumbre sobre si el gobierno saliente transferirá al menos parte de los recursos en sus últimas horas o si dejará el problema completo para la administración entrante que asume el 27 de enero.
