Tegucigalpa, Honduras.— La administración de Xiomara Castro desembolsará aproximadamente mil millones de lempiras en prestaciones laborales para altos funcionarios y empleados de confianza que abandonarán el gobierno en enero, utilizando el mismo decreto legislativo 107-2021 que el partido Libre prometió derogar cuando estaba en la oposición.
La denuncia fue formulada por el diputado Carlos Umaña, quien calificó la situación como «no ética» y advirtió que el monto podría «exceder los mil millones de lempiras», representando una carga «onerosa» para el Estado hondureño en momentos de crisis fiscal.
«Esto a mí no me parece ético, que el Estado de Honduras cargue con una situación tan onerosa que podría exceder los mil millones de lempiras, pero lamentablemente este decreto de ley está vigente», reclamó el parlamentario, evidenciando la contradicción entre el discurso oficialista y la práctica gubernamental.
Umaña señaló que no tiene dudas de que los funcionarios salientes «vayan a cobrar estas enormes cantidades de dinero» sin que la población pueda hacer algo para impedirlo, dado que el marco legal que lo permite sigue vigente pese a las promesas de eliminarlo.
El expresidente de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, recordó que precisamente Libre criticó duramente esta práctica cuando era oposición durante el gobierno nacionalista, prometiendo derogar el decreto que permite estos pagos millonarios a funcionarios de confianza.
«Ahora ven que es un beneficio que ellos van a tener y cuando se mira el beneficio personal, se olvidan las promesas que se han hecho», señaló Rodríguez, acusando al oficialismo de hipocresía al aprovechar un mecanismo que denunciaron como inmoral cuando beneficiaba a sus adversarios políticos.
El decreto 107-2021 fue aprobado durante la gestión del Congreso Nacional controlado por el Partido Nacional y establece el derecho de funcionarios de confianza a recibir indemnizaciones al finalizar sus contratos, un beneficio que no existe en el régimen laboral ordinario hondureño.
La cifra de mil millones de lempiras representa aproximadamente 40 millones de dólares que saldrán del presupuesto público para compensar a decenas o cientos de funcionarios que ocuparon cargos durante la administración Castro, desde ministros hasta asesores presidenciales.
El señalamiento cobra particular relevancia considerando que Libre construyó parte de su identidad política en la crítica a la corrupción y los privilegios de la clase política tradicional, prometiendo un gobierno austero y transparente que rompiera con las prácticas del pasado.
Sin embargo, la decisión de mantener vigente el decreto 107-2021 y utilizarlo para beneficiar a los propios funcionarios oficialistas evidencia que el cambio prometido no incluyó renunciar a los mecanismos de enriquecimiento legal que tanto criticaron.
La denuncia de Umaña y Rodríguez se suma a la lista creciente de promesas incumplidas del gobierno de Castro, que incluye la reforma constitucional, la lucha contra la corrupción, la reducción de la pobreza y múltiples compromisos de campaña que quedaron en el olvido.
El silencio oficial sobre este tema contrasta con la retórica anticorrupción que el gobierno ha mantenido durante cuatro años, evidenciando la doble moral de una administración que denuncia privilegios ajenos mientras disfruta de los propios.
