Tegucigalpa, Honduras. – La subdirectora ejecutiva del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), Abeli Lozano, reveló este viernes que la institución detectó irregularidades en la liquidación de 50 millones de lempiras asignados al programa «Hermano, Hermana, Vuelve a Casa», una iniciativa para migrantes retornados ejecutada bajo la administración anterior mediante un decreto de emergencia gubernamental.
Según explicó la funcionaria, el programa tenía como objetivo beneficiar a mil personas retornadas mediante la entrega de 25 mil lempiras —equivalentes a mil dólares— a cada una, sin embargo la ejecución física apenas alcanzó un 79.9 por ciento del presupuesto total, dejando sin cubrir tanto el monto completo como la totalidad de los beneficiarios proyectados.
«Si son 50 millones, 50 millones debieron haberse puesto en manos de los migrantes. Si eran mil dólares o 25 mil lempiras, esa era la cantidad que tenía que cumplirse para que se liquide con cabalidad todo el programa», señaló Lozano con contundencia.
La situación se agrava por el hecho de que la actual administración no ha podido localizar la documentación de respaldo ni la liquidación correspondiente a los mil beneficiarios que debieron recibir los recursos.
El equipo técnico de la institución se encuentra en un proceso de búsqueda de expedientes físicos, dado que el programa carece de un cierre formal «en términos legales» ante las instancias correspondientes, lo que representa, a juicio de la funcionaria, una falla administrativa grave.
«Podríamos decir que hay irregularidades desde el momento en que un convenio o programa o decreto se tiene que cumplir a cabalidad», afirmó Lozano, quien aseguró que cuando la institución cuente con respuestas completas, las dará a conocer «al pueblo hondureño» a través de los medios de comunicación.
Pese al panorama, la subdirectora recalcó que Senprende mantiene su compromiso de continuar trabajando con la población migrante, aunque los fondos del programa cuestionado ya no representan una obligación de la gestión actual, que se encuentra en pleno proceso de revisión y búsqueda de los expedientes que permitan cerrar formalmente esta iniciativa ante las instancias legales correspondientes.
