Tegucigalpa, Honduras. – Después de meses de espera que han generado incertidumbre administrativa en hospitales, universidades y dependencias estatales de todo el país, el Gobierno del presidente Nasry Asfura entregó este viernes al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto General reformulado para 2026, aprobado previamente por el Consejo de Secretarios de Estado, con un monto de 444 mil 265.8 millones de lempiras, según anunció el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.
La cifra representa una reducción superior a los 25 mil millones de lempiras respecto a la propuesta que la administración de Xiomara Castro había presentado en Consejo de Ministros con un monto de 469 mil millones de lempiras, en lo que el Gobierno Asfura presenta como una señal concreta de su compromiso con la responsabilidad fiscal en un momento en que el país enfrenta simultáneamente la crisis de combustibles, la presión inflacionaria y las demandas de múltiples sectores del Estado que llevan meses operando sin presupuesto aprobado.
En el desglose presentado por Hernández Hércules, el 59.4% del presupuesto —equivalente a 263 mil 807.1 millones de lempiras— corresponde a la Administración Central, mientras que el 40.4% restante, unos 180 mil 458.7 millones de lempiras, se destina a la Administración Descentralizada, en una distribución que el Ejecutivo deberá defender ante los legisladores que ya han prometido celeridad en el análisis del documento.
El marco macroeconómico que sostiene el presupuesto proyecta un crecimiento del 3.8%, una inflación del 4.56% y un déficit fiscal del 1% del PIB, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en parámetros que el Gobierno presenta como realistas pero que analistas deberán contrastar con el impacto real de la guerra en el Medio Oriente sobre los precios de los carburantes y la cadena productiva nacional.
El servicio de la deuda asciende a 69 mil 855 millones de lempiras, en un contexto donde el país mantiene alrededor de 3 mil 300 millones de dólares en préstamos no ejecutados de administraciones anteriores.
La urgencia de la aprobación no es solo política sino práctica y humana. El Hospital Escuela amaneció este mismo viernes con una protesta de médicos que denuncian tres meses de salario variable impago, citando precisamente la falta de presupuesto aprobado como obstáculo para regularizar los desembolsos.
La UNAH advirtió días atrás que un recorte de 1,500 millones de lempiras amenazaría el programa «Mi Bienestar» y la expansión a nueve departamentos. Y decenas de instituciones del Estado llevan meses operando con el presupuesto heredado de la administración anterior, que según el propio director del Hospital Escuela se «agotó antes de tiempo».
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) aprovechó el momento para lanzar una advertencia que trasciende el debate sobre los montos: «El presupuesto público no es un trámite más», subrayó el organismo, insistiendo en que su aprobación tardía evidencia debilidades institucionales con impacto directo en la gestión pública.
Pero también fue claro en que la aprobación por sí sola no resuelve el problema: «Su ejecución debe garantizar criterios de transparencia, eficiencia y resultados concretos en beneficio de la población», en una exigencia que apunta tanto al Ejecutivo como al Legislativo que deberá ratificarlo.
Con el documento ya en manos del Congreso Nacional, la pelota está ahora en el hemiciclo que preside Tomás Zambrano, donde los diputados deberán decidir con qué celeridad procesan un presupuesto que llega con meses de retraso pero que el país no puede seguir esperando.
