Tegucigalpa, Honduras. – El Gobierno de Honduras pondrá en marcha a partir de este lunes una nueva fase de acciones contra el crimen organizado, en medio de la presión ciudadana por el aumento de la violencia, las masacres y los ataques contra fuerzas de seguridad registrados en las últimas semanas.
La estrategia contempla intervenciones iniciales en al menos 40 municipios considerados de alta peligrosidad, donde se desplegarán de forma coordinada cuerpos de seguridad, equipos de inteligencia y apoyo tecnológico para enfrentar a estructuras vinculadas a maras, pandillas y redes del narcotráfico.
Las autoridades han presentado esta ofensiva como parte de un rediseño más amplio de la política de seguridad, que incluye reformas institucionales, depuración interna, cooperación internacional y fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado.
Uno de los pilares de esta nueva etapa es la creación de la Agencia Nacional Contra el Crimen, concebida como una instancia articuladora de las instituciones encargadas de investigar, perseguir y combatir delitos de alto impacto.
A esta medida se suma la eliminación de estructuras previas y el impulso de procesos de depuración dentro de los organismos de seguridad, con el propósito de corregir debilidades internas y reducir el riesgo de infiltración criminal.
Según funcionarios del Gobierno, la nueva estrategia busca superar fallas estructurales que durante años han limitado la capacidad del Estado para responder de manera efectiva frente a redes criminales con presencia territorial y poder económico.
El Ejecutivo también confirmó que las acciones contarán con respaldo internacional, derivado de acuerdos alcanzados en espacios multilaterales. Entre las medidas discutidas figura la posibilidad de clasificar a maras y pandillas como organizaciones terroristas, lo que ampliaría el margen legal para su persecución.
Asimismo, se prevé asistencia técnica, logística y financiera de países aliados, especialmente en áreas como inteligencia criminal, rastreo financiero y fortalecimiento operativo.
El anuncio se produce después de un mes de mayo marcado por siete masacres y ataques contra agentes de seguridad, hechos que elevaron la exigencia de resultados concretos por parte de distintos sectores de la sociedad.
De acuerdo con las autoridades, la ofensiva no se limitará a reaccionar ante los hechos recientes, sino que buscará sostener una intervención más amplia para recuperar control territorial en zonas donde operan estructuras criminales.
Sin embargo, el desafío será demostrar que los anuncios se traducen en resultados medibles. Diversos sectores han advertido que la efectividad de la estrategia dependerá de su ejecución real, la transparencia de los operativos y el respeto a los derechos humanos.
Con el inicio de estas acciones, el Gobierno entra en una etapa decisiva: probar si la nueva arquitectura de seguridad puede reducir la violencia, debilitar al crimen organizado y recuperar la confianza de una población golpeada por la extorsión, los homicidios y la inseguridad.
