Tegucigalpa, Honduras. — El precio del cemento se mantendrá estable en Honduras durante los próximos seis meses. El Gobierno anunció este viernes un acuerdo con las empresas productoras para congelar el valor del producto, una decisión que busca proteger el bolsillo de los consumidores y garantizar el abastecimiento nacional en un momento de transición normativa para el sector.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDH) informó que suscribió actas de compromiso de manera independiente con las compañías CENOSA, Argos y Duracem, tras varias rondas de negociación entre el ejecutivo y el sector productor. La medida fue impulsada directamente por el presidente Nasry Asfura y coordinada por el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, junto al viceministro Fernando Fortín.
El contexto del acuerdo es clave: el país se prepara para la aplicación del nuevo Reglamento Técnico Hondureño para Cemento Hidráulico, una normativa que ha generado discusiones sobre su impacto en el mercado. Frente a las dudas, las autoridades fueron enfáticas al señalar que la nueva regulación no prohíbe importaciones, no limita la competencia y tampoco cerrará el mercado hondureño.
Según explicaron desde la SEDH, la regulación establece estándares técnicos de calidad, seguridad y trazabilidad aplicables tanto a productores nacionales como a importadores, bajo parámetros internacionales. El objetivo, insistieron, es elevar la calidad del material sin afectar la disponibilidad ni encarecer los costos para el consumidor final.
La Presidencia de la República destacó en redes sociales que la decisión busca fortalecer el mercado, proteger al consumidor y promover una competencia justa dentro del sector construcción. Para el gobierno, el acuerdo con las cementeras representa un equilibrio entre la aplicación de normas técnicas y la estabilidad económica de un insumo esencial para viviendas, infraestructura y desarrollo urbano.
El cemento es un material estratégico para Honduras: su precio influye directamente en el costo de la vivienda, las obras públicas y la inversión privada. Mantenerlo estable durante seis meses permite a familias, constructores y planificadores tomar decisiones con mayor certidumbre, mientras se consolida la implementación del nuevo reglamento técnico.
Las autoridades aseguraron que darán seguimiento al cumplimiento de las actas de compromiso y que cualquier desviación de los precios acordados será atendida mediante los mecanismos de control establecidos. Para la ciudadanía, la medida representa un alivio inmediato; para el sector productivo, un compromiso de corresponsabilidad en un mercado que requiere tanto calidad como accesibilidad.
