Tegucigalpa, Honduras. — Los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pueden estar tranquilos por ahora: el plazo para pagar la factura de luz se mantiene en 28 días. Así lo confirmó la tarde de este miércoles Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, tras una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, el titular de la ENEE, Guillermo Peña, y el presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto.
La decisión no fue menor. Apenas el 5 de mayo, la estatal eléctrica había informado a la población, a través de sus redes oficiales, que a partir de ese mes el plazo para cancelar el recibo se reducía a 15 días contados desde la fecha de entrega. El comunicado generó incertidumbre entre los usuarios, pero desde el Poder Ejecutivo se trabajó para dejar sin valor y efecto dicha disposición.
Zambrano aclaró que el anuncio formal lo realizará el Ejecutivo en las próximas horas, pero adelantó el contenido central: se acordó mantener el plazo de 28 días como una medida temporal, mientras se estabiliza el precio del combustible a nivel internacional. No se trata, por tanto, de un cambio estructural, sino de una pausa estratégica ante un contexto externo volátil.
Guillermo Peña, gerente de la ENEE, confirmó posteriormente que la medida tiene un criterio claro: se mantendrá mientras el barril de petróleo supere los 90 dólares. Es decir, si los precios internacionales bajan de ese umbral, la situación podría revisarse. Por ahora, la prioridad es no trasladar presión adicional a los hogares hondureños en un momento de incertidumbre económica.
Para los usuarios, la noticia representa un respiro en la gestión de sus finanzas domésticas. El plazo extendido permite mayor flexibilidad para organizar el pago sin incurrir en recargos o suspensiones del servicio. Para la ENEE, implica un equilibrio delicado entre la sostenibilidad financiera de la empresa y la protección del bolsillo ciudadano.
Mientras el Ejecutivo prepara el anuncio oficial, la medida ya está en marcha. La pregunta que queda abierta es cuánto durará esta temporalidad. Dependerá, en buena medida, de cómo evolucione el mercado energético global y de la capacidad del Estado para absorber las fluctuaciones sin afectar ni a la institución ni a los usuarios. Por ahora, el mensaje es claro: el plazo sigue siendo de 28 días, y la revisión vendrá cuando el contexto lo permita.
