Tegucigalpa – El canciller Eduardo Enrique Reina, reiteró que avanzan con las Naciones Unidas, en los trámites para instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), sin descartar que el gobierno financie ese organismo.
“Estamos avanzando con Naciones Unidas para enviar los términos de referencia para la misión de expertos que ya debe venir a instalar la primera fase de la CICIH, es decir que esperamos que en los próximos días enviar la primera propuesta para ir avanzando y que lo más pronto esté establecida con este grupo de expertos”, apuntó.
El funcionario no descartó que el mismo gobierno de Honduras financie la CICIH, “podría ser el mismo gobierno de Honduras, porque al final creo que no se ha entendido que los fondos no los maneja el gobierno, ni se los paga a diario a los que trabajen en la comisión, los va a manejar Naciones Unidas, lo que se hace con aportes fundamentales para que puedan funcionar”.
Reafirmó que demandan una “CICIH imparcial, autónoma e independiente de cualquier factor ya sea interno o externo”.
El obierno no quiere despojarse de la posibilidad de ser parte del financiamiento del mecanismo anticorrupción, a pesar de que distintos sectores de sociedad civil e incluso el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH han recomendado que no participe de ello, bajo el argumento que afectaría la independencia financiera.
Durante semanas previas, altos funcionarios de la Cancillería hondureñas informaron que países como Suecia, Reino Unido, Suiza y Canadá, se han mostrado anuentes a ser parte del financiamiento de la CICIH, situación que todavía está pendiente de conocerse, cuando se concluya con la primera fase que establece el memorando de entendimiento suscrito entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 15 de diciembre de 2022.
El memorando de entendimiento, según el numeral 11, indica que el financiamiento se discutirá durante la segunda fase previa a la instalación. Inicialmente, la Administración Xiomara Castro pretendió que, esencialmente, proviniera del Estado hondureño, sin embargo, esa idea no encontró agrado en las Naciones Unidas, y, aunque aún no es oficial, el financiamiento provendría de la ONU, de países cooperantes y, en tercera instancia, del Estado.
A pesar de ello, distintas organizaciones de sociedad civil, como la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), y frentes de diputados, como el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, han recalcado que el Estado hondureño debe apartarse por completo del financiamiento del mecanismo anticorrupción.
