Tegucigalpa, Honduras. — El Gobierno de Honduras ordenó este jueves la intervención directa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en dos regiones del país tras registrarse dos hechos de violencia colectiva que dejaron al menos 15 muertos. La decisión, anunciada por la Secretaría de Seguridad, busca responder con presencia institucional a crímenes que han generado alarma nacional.
El despliegue se concentra de forma inmediata en el sector de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde al menos 10 personas habrían sido asesinadas en horas de la madrugada. De manera simultánea, la intervención se aplicará en la zona de Corinto, Omoa, Cortés, fronteriza con Guatemala, donde cuatro policías y un presunto delincuente murieron durante un enfrentamiento armado.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que, por el momento, no se dispone de «información oficial de cuántos son los cadáveres ni de dónde están» en el caso de Colón. Hasta ahora, las autoridades no han establecido ninguna hipótesis sobre los móviles del crimen múltiple en una región afectada por un histórico conflicto de tierras que ha dejado más de 200 muertos en las últimas décadas.
En Corinto, el tiroteo ocurrió cuando miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) intentaban ingresar a una vivienda en una operación antidrogas, según detalló el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona. Los cuerpos de los agentes fueron hallados en un sector montañoso, luego de que presuntos criminales los trasladaran hasta ese lugar.
El plan operativo en ambas zonas contempla la preservación de evidencias y el desarrollo de operativos de búsqueda para «identificar y capturar» a los responsables de los ataques. La Secretaría de Seguridad anunció además la conformación de «equipos investigativos conjuntos» integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas en medicina forense, con el objetivo de garantizar transparencia en las diligencias.
«El Estado de Honduras actuará con firmeza para capturar a los responsables», aseguró la institución en un comunicado, añadiendo que se busca «proteger a las comunidades vulnerables» y asegurar una «justicia integral» para las víctimas. La prioridad, según el documento, es «fortalecer la confianza ciudadana y reafirmar el compromiso institucional en la lucha frontal contra la impunidad criminal».
Las cúpulas de la Secretaría de Seguridad y de las Fuerzas Armadas mantienen una reunión de emergencia para planificar la intervención en las regiones afectadas. Mientras tanto, la población de Trujillo y Corinto permanece bajo resguardo, a la espera de que las autoridades avancen en la identificación de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.
La suma de ambos episodios coloca al país bajo alerta por el repunte de acciones criminales de alto impacto. Para el Gobierno, la respuesta institucional debe ser rápida y coordinada; para las comunidades afectadas, la expectativa es que la presencia del Estado no sea solo reactiva, sino sostenida en el tiempo.
