Tegucigalpa, Honduras. — El Gobierno hondureño reconoció implícitamente una crisis de liquidez severa al emitir el Decreto Ejecutivo PCM 38-2025, que obliga a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a reintegrar a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) todos los saldos no utilizados de instituciones públicas, en un intento por salvaguardar el pago de compromisos críticos del Estado.
-Decreto obliga a reintegrar fondos ociosos a la Tesorería
La medida, publicada en La Gaceta, autoriza a “vaciar” cuentas bancarias, subcuentas y libretas del sector público no financiero, siempre que los fondos no estén comprometidos legal o contractualmente, consolidando así la liquidez bajo control central.
El decreto justifica su urgencia en un diagnóstico fiscal alarmante: un desbalance acumulado por embargos judiciales (más de 4,000 millones de lempiras), préstamos no aprobados por el Congreso (8,197 millones), el rescate financiero de la ENEE (6,700 millones), transferencias municipales atrasadas (2,500 millones) y el incumplimiento de la Empresa Nacional Portuaria (431 millones), además de gastos extraordinarios por emergencias climáticas y la crisis migratoria.
Según el documento, estos factores han reducido drásticamente el margen fiscal, dejando al Estado en una situación de asfixia financiera.
¿Adónde irán los recursos recuperados? El Ejecutivo asegura que los fondos se destinarán a infraestructura vial estratégica, construcción y equipamiento de hospitales, y la compra de medicamentos esenciales.
Sin embargo, expertos como Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de la ASJ, y el economista Roberto Lagos, advierten que el objetivo real es cubrir una deuda flotante que supera los 24,000 millones de lempiras—el doble del promedio registrado entre 2019 y 2021—.
Rivera criticó la improvisación y la falta de transparencia, señalando que durante el año se priorizaron gastos clientelares—como aumentos salariales, transferencias discrecionales y publicidad oficial—en detrimento de salud y educación, lo que compromete a la próxima administración y debilita la confianza en el Estado.
Centralización forzada y riesgos El decreto refuerza el poder de SEFIN sobre el flujo de caja, limitando la autonomía de las instituciones públicas y exigiendo la publicación de montos reintegrados y avances de proyectos, bajo amenaza de sanciones administrativas, civiles y penales.
Aunque el Gobierno argumenta que la medida es temporal, legal y necesaria para evitar nuevo endeudamiento, analistas coinciden en que no resuelve el problema estructural, sino que redistribuye la escasez mientras persisten el bloqueo legislativo y el alto costo de las obligaciones estatales.
Una señal de alerta Para los especialistas, el PCM 38-2025 es un mensaje político claro: Honduras enfrenta una emergencia fiscal que obliga a reordenar recursos internos para cumplir con pagos básicos.
La ASJ llamó al Ejecutivo a actuar con disciplina, legalidad y transparencia durante la transición, evitando nuevos compromisos sin respaldo. Sin embargo, la medida confirma que la Tesorería opera al límite, y que el cierre de gobierno se realiza en un contexto de administración de crisis, sin soluciones de fondo a la vista.
