Tegucigalpa – El Gobierno hondureño estaría considerando convertirse en aval de uno de los mayores fraudes financieros recientes del país, según alertó este fin de semana el abogado Carlos Arévalo. De acuerdo con el jurista, ante la falta de consenso en el Congreso Nacional para aprobar una ley que permita utilizar fondos públicos para compensar a las víctimas de Koriun, el Ejecutivo podría recurrir a un Decreto en Consejo de Ministros (PCM).
«Al no existir consensos en el Congreso Nacional, entonces se puede explorar un decreto en Consejo de Ministros, donde el Ejecutivo se imponga», advirtió Arévalo, señalando que esta vía administrativa buscaría sortear el debate legislativo y las objeciones constitucionales que han surgido frente a la propuesta.
La polémica iniciativa gubernamental pretende utilizar recursos provenientes de impuestos para compensar a los miles de hondureños que invirtieron y perdieron su dinero en la financiera Koriun, que operaba bajo un esquema Ponzi ofreciendo rendimientos extraordinarios del 5% semanal (equivalentes al 20% mensual).
Diversos sectores, incluidos constitucionalistas y economistas, han manifestado que esta propuesta gubernamental no es jurídicamente viable, ya que la Constitución de la República no contempla la utilización de fondos públicos para subsanar pérdidas ocasionadas por fraudes privados.
Koriun operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, práctica característica de las estafas piramidales. La empresa tenía presencia en al menos siete departamentos del país y habría captado recursos de aproximadamente 35 mil personas.
El pasado 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizó operativos de aseguramiento en las oficinas de Koriun ubicadas en Choloma y otras ciudades, donde se procedió a la confiscación de bienes, vehículos y cuentas bancarias relacionadas con la financiera.
La controversia sobre el rol del Estado en esta crisis financiera continúa generando debate, mientras miles de familias hondureñas enfrentan las consecuencias de haber depositado sus ahorros en una empresa que prometía ganancias imposibles de sostener en el tiempo.
