Tegucigalpa, Honduras. – El gobierno de Xiomara Castro alardeó este sábado en Consejo de Ministros que dejará al país con finanzas públicas saneadas y una reducción de 10 puntos porcentuales en la deuda pública respecto al PIB, en una presentación donde el ministro de Finanzas lanzó acusaciones directas contra el Partido Nacional por supuesto saqueo de recursos y denunció el bloqueo legislativo de 8,200 millones de lempiras en proyectos de apoyo presupuestario.
El ministro Christian Duarte citó como garantes del desempeño exitoso de la economía hondureña al Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, proyectando un crecimiento de 3.9% para 2026 que, según afirmó, posicionaría a Honduras junto a Costa Rica como las dos economías de mayor expansión en la región centroamericana.
El funcionario presumió logros en control de precios y estabilidad del dólar, anunciando que el gobierno cerrará con 10 mil millones de dólares en reservas internacionales, cifras que presentó como evidencia del éxito de las «exitosas y valientes decisiones» de la presidenta Castro en materia económica.
«Se dejan las finanzas públicas completamente saneadas, producto de las exitosas y valientes decisiones de la presidenta Xiomara Castro. La deuda pública está cerrando cerca de 10 puntos porcentuales del PIB abajo de cómo se recibieron en 2022, se recibieron en 56 puntos, se está cerrando en casi 46 puntos del PIB«, detalló Duarte, presentando la reducción de la deuda como logro central de la administración saliente.
El ministro lanzó una advertencia al gobierno entrante de Nasry Asfura, expresando la expectativa de que la nueva administración no incremente los impuestos ni aumente la deuda pública, estableciendo parámetros sobre las políticas fiscales que el oficialismo considera apropiadas para la siguiente gestión.
Duarte arremetió contra el Partido Nacional con acusaciones directas sobre su gestión pasada: «La caja única sí queda con recursos, se ha dicho y se ha especulado mucho de que se está vaciando, se está saqueando. Nosotros no somos como el Partido Nacional, no somos un partido que se dedicó a saquear los recursos públicos, la caja única queda sin fideicomisos, queda sin el dinero privatizado y va a poder hacer uso de los recursos el partido que llegue».
La declaración sobre la eliminación de fideicomisos en la caja única representa un cambio estructural en el manejo de recursos públicos que el oficialismo presenta como transparencia, aunque implica que la próxima administración enfrentará un esquema financiero diferente al heredado por Castro en 2022.
El ministro denunció que el bipartidismo en el Congreso Nacional bloqueó tres proyectos de apoyo presupuestario por un monto total de 8,200 millones de lempiras, responsabilizando a la oposición de obstaculizar recursos que el gobierno consideraba necesarios para su gestión en los últimos meses del mandato.
Duarte reconoció que queda pendiente un pago a docentes que se realizará próximamente, y anunció que se retomarán los pagos a proveedores conforme lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto desde ahora hasta el 26 de enero, fecha en que culmina el mandato de Castro y debe producirse la transición de gobierno.
La viceministra de Gobernación, Heidy Barahona Alachán, reiteró el compromiso gubernamental de garantizar una transición pacífica que permita que no sea borrada la memoria institucional, un señalamiento que sugiere preocupación por la continuidad de políticas y programas implementados durante la administración Castro.
Barahona detalló que en la reunión nocturna del Consejo de Ministros se recibieron informes de las distintas instituciones que permitirán la continuidad de obras impulsadas por el gobierno, evidenciando esfuerzos de documentación y traspaso de información hacia la administración entrante.
«En ese compromiso de garantizar una transición pacífica y ordenada, se ha pedido a la Secretaría de Gobernación y a las distintas instituciones que jueguen los roles que la ley establece y les determina para el ejercicio del Congreso Nacional y de las otras entidades que permitan el funcionamiento efectivo del Estado Democrático de Derecho«, finalizó la viceministra.
La promesa de transición pacífica contrasta dramáticamente con las acciones simultáneas del gobierno al sancionar el decreto que ordena desconocer la declaratoria del CNE, generando la paradoja de un ejecutivo que verbalmente garantiza transición ordenada mientras institucionalmente respalda mecanismos para obstaculizar la alternancia democrática.
El Consejo de Ministros donde se presentaron estas cifras y compromisos ocurre en medio de la crisis institucional más grave que enfrenta Honduras, con el gobierno defendiendo su gestión económica al tiempo que participa en la estrategia para revertir los resultados electorales que darían paso a la administración de Asfura.
Las cifras económicas presentadas por Duarte y el compromiso de transición expresado por Barahona buscan construir una narrativa de responsabilidad institucional que contrasta con las acciones del mismo gobierno al sancionar decretos cuestionados internacionalmente y coordinar con el Congreso Nacional estrategias para prolongar su permanencia en el poder.
