Tegucigalpa, Honduras. – La designada presidencial María Antonieta Mejía estimó que en la próxima semana el gobierno entregaría al Congreso Nacional el proyecto del Presupuesto General 2026 tras identificar alrededor de ocho mil personas que estaban en las planillas de las instituciones del Estado que «solo cobraban salario» sin cumplir funciones, permitiendo reducción significativa del gasto público heredado.
«Falta algunos detalles finales, pero yo le daría de aquí a la próxima semana que se estaría presentado en el Congreso Nacional», dijo Mejía confirmando que se está haciendo reajustes para bajar la cifra que quedará en 415 mil millones de lempiras versus los 469 mil millones aprobados por el Consejo de Ministros de Xiomara Castro.
La administración Castro había aprobado un proyecto de 469,249 millones de lempiras como Presupuesto 2026, representando incremento de 8.2% en comparación con 2025, monto que el nuevo gobierno considera insostenible considerando la crisis fiscal heredada con deuda flotante de 24,100 millones y embargos de 1,200 millones de lempiras.
La designada señaló que en varias instituciones del Estado se sobrecargó de personal y se ausentaron en las mismas, evidenciando que las ocho mil personas identificadas representan apenas una fracción del problema de ineficiencia administrativa que el gobierno de Asfura busca corregir mediante reducción del Estado que liberará recursos para inversión social.
Mejía confirmó que se proveerá de recursos dentro del presupuesto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), cumpliendo compromiso del presidente Asfura de empoderar organismos de veeduría ciudadana que la administración anterior resistió sistemáticamente durante cuatro años.
La funcionaria reveló aumentar el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que la gente consulte y mire el accionar de cada funcionario público, además de impulsar reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas para reglamentar que auditoría se haga «antes, durante y después» evitando errores administrativos que castigan estados financieros.
Mejía subrayó necesidad de crear una Ley Antisoborno admitiendo que con la normativa actual no es suficiente, requiriéndose «dientes y garras» para que los casos no queden impunes, prometiendo que el presidente enviará al Congreso esta iniciativa que establecerá controles más estrictos sobre funcionarios públicos.
