Tegucigalpa, Honduras. – Una de las acusaciones más sensibles contra el exalcalde de El Paraíso, Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano, sufrió este lunes un giro decisivo luego de que un tribunal hondureño dictara fallo absolutorio a su favor por el delito de lavado de activos.
La resolución fue emitida por la Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en un proceso que el Ministerio Público había sostenido en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
Con esa decisión, Ardón quedó a las puertas de abandonar la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanece recluido. Sin embargo, su salida no depende únicamente del fallo, sino de la ruta administrativa que debe completarse dentro del centro penal.
Su abogado defensor, Marlon Duarte, explicó que la resolución ordena la revocación inmediata de la prisión preventiva, pero aclaró que el expediente debe pasar por revisiones internas antes de que se ejecute la excarcelación.
“Es un trámite administrativo que lleva su tiempo. Hay un departamento legal en la Penitenciaría Nacional que se encarga de hacer las revisiones correspondientes”, indicó Duarte.
Mientras ese procedimiento avanza, familiares y personas cercanas al exalcalde permanecen a la espera de los oficios que permitan concretar su libertad.
El Poder Judicial informó que, debido a la carga de expedientes que atiende el Tribunal, posteriormente se convocará a las partes procesales para definir la fecha de lectura de sentencia.
La defensa presentó el fallo como una confirmación de que la acusación no logró sostenerse en juicio.
Duarte aseguró que, durante el debate, quedaron expuestas inconsistencias en los planteamientos del órgano acusador y afirmó que la propia prueba pericial presentada por la Fiscalía terminó favoreciendo a Ardón.
“Fue tan insólito e inédito que nosotros renunciamos a nuestra propia pericia, porque se convirtió en inútil; no teníamos nada que probar”, manifestó.
Según el abogado, la pericia del Ministerio Público habría permitido justificar bienes atribuidos a su representado, por lo que la defensa consideró innecesario insistir en su propio análisis patrimonial.
Duarte también sostuvo que el Tribunal valoró de forma meticulosa las correcciones realizadas por el ente acusador durante el proceso y que, al final, la resolución terminó dando peso a los argumentos planteados por la defensa.
El caso había sido presentado por el Ministerio Público como una investigación de alto impacto.
Según la relación de hechos del ente acusador, Alexander Ardón habría coordinado junto a su hermano, Hugo Ardón Soriano, el cartel “AA”, señalado por actividades vinculadas al tráfico de drogas y al lavado de activos desde 2003.
La acusación sostenía que Ardón Soriano habría llevado una vida de lujo mediante la adquisición de residencias, vehículos de alta gama, propiedades y empresas presuntamente financiadas con recursos de origen ilícito.
El análisis financiero-patrimonial del Ministerio Público establecía que los hermanos Ardón Soriano no podían justificar, con documentación soporte, 50 millones 173 mil 258.72 lempiras, monto que habría sido utilizado para adquirir bienes y constituir empresas.
Esa tesis, sin embargo, no prosperó en esta etapa del proceso, luego de que el Tribunal resolviera absolver al exalcalde por lavado de activos.
Ardón Soriano fue capturado tras arribar a Honduras en un vuelo de deportación procedente de Estados Unidos, país donde fungió como testigo en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022.
En la acusación también se mencionaban presuntos vínculos de los hermanos Ardón con narcotraficantes como el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes, según el Ministerio Público, habrían establecido alianzas criminales para extender operaciones en Honduras.
El fallo absolutorio no borra el peso público del caso, pero sí cambia el escenario judicial inmediato para el exalcalde de El Paraíso, Copán.
Ahora, la atención se traslada a dos momentos clave: la lectura formal de la sentencia y la ejecución de los oficios que deberán llegar a Támara para hacer efectiva la revocación de la prisión preventiva.
Duarte insistió en que la libertad de su representado debe concretarse de inmediato una vez cumplido el trámite administrativo.
También cuestionó que otros procesos de alto impacto no sean transmitidos públicamente, al considerar que la ciudadanía debería conocer directamente cómo se desarrollan estas causas.
Por ahora, Alexander Ardón queda legalmente favorecido por una resolución absolutoria que debilita la acusación por lavado de activos y abre la puerta a su salida del centro penal, mientras el Tribunal fija la fecha para la lectura íntegra de la sentencia.
