Grupos armados con armas de grueso calibre mantienen tomadas dos fincas en el Bajo Aguán

El subcomisionado Carlos Rojas confirmó que las fincas Rigores y Panamá están bajo control criminal. La Policía Nacional espera refuerzos para ingresar a la zona, donde solo opera una patrulla.

Trujillo, Colón, Honduras. — Dos fincas en la zona del Bajo Aguán permanecen bajo el control de grupos criminales fuertemente armados, según confirmó el jefe policial en Trujillo, subcomisionado Carlos Rojas. Los grupos mantienen tomadas la finca Rigores y la finca Panamá, desde donde generan zozobra en la comunidad y financian sus actividades mediante la venta de fruta.

«Estas personas están armadas con armas de grueso calibre, mantienen tomada la zona generando zozobra y venden la fruta que les genera el dinero para comprar más armas», indicó el funcionario. La descripción revela una dinámica en la que el control territorial se combina con actividades económicas ilícitas para sostener el poder de fuego de estas estructuras.

Rojas sostuvo que, al momento de los hechos, en la zona solo había una patrulla policial, por lo que se esperaron refuerzos para poder trasladarse al lugar de la masacre. Esta limitación operativa contrasta con la capacidad armamentística atribuida a los grupos criminales, que en varias ocasiones han abierto fuego contra la Policía Nacional.

Un dato relevante en el desarrollo de las diligencias es que la Policía Nacional no ha realizado ningún levantamiento de los cuerpos de las víctimas. Según el subcomisionado, los familiares fueron quienes recuperaron los restos, una circunstancia que complica la cadena de custodia y la recolección de evidencia forense en la escena.

El jefe policial aseguró que ya se comenzó a recabar información para establecer una cifra verídica de las personas fallecidas en la masacre. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre el número total de víctimas, mientras las autoridades intentan consolidar los datos preliminares en un contexto de alta tensión.

La intervención de las fuerzas de seguridad en la zona del Bajo Aguán sigue pendiente de la llegada de refuerzos, mientras los grupos armados mantienen el control de los predios. El caso expone los desafíos que enfrenta la Policía Nacional para operar en territorios con presencia de estructuras criminales equipadas con armamento de alto poder.

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