Dos centenares de israelíes se manifiestan y frenan los camiones en el puerto de Ashdod, uno de los puntos de acceso a la Franja palestina, para presionar por la liberación de rehenes en manos de Hamás.
Por El País
Israel está siendo escenario de manifestaciones para reclamar que se bloquee el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Defienden abiertamente que dejar sin comida y agua a los gazatíes es una buena medida de presión para que sean liberados los 136 rehenes que permanecen en el enclave palestino, principalmente en manos de Hamás. Algunos familiares de esos secuestrados han participado en los actos de protesta. La última marcha tuvo lugar este jueves en el puerto de Ashdod, situado a una veintena de kilómetros al norte de la Franja. Unas 200 personas cortaron dos puntos de acceso a las instalaciones portuarias y bloquearon el paso a camiones y coches a lo largo de varias horas. “Al enemigo se le mata, no se le alimenta”, exclamaba en tono airado Orit Rosenfelder, de 22 años, que lucía una bandera israelí a modo de capa y que no dudaba de que en Gaza nadie es inocente. “Toda la ayuda que llega a través de este puerto va destinada a apoyar a nuestros enemigos para que nos sigan matando”, recalcaba.
El tono de otros asistentes no distaba mucho del de Rosenfelder. “Queremos que nuestro Gobierno deje de ayudar a terroristas”, pero “no tiene la valentía necesaria para detener los envíos”, argumentaba Yeshava Kest, de 23 años, mientras sostenía una de las pancartas y avanzaba con el grupo hacia el arco que marca la entrada principal del puerto. Kest aseguraba que Hamás controla toda la ayuda que entra en la Franja y defendía la expulsión de la población para que sea atendida fuera de ese territorio.
Cientos de miles de personas tratan de sobrevivir sin lo más básico debido a la guerra y al bloqueo israelí en Gaza, donde ya han muerto más de 27.000 palestinos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre pasado. La comunidad internacional presiona para tratar de impedir que Israel siga empleando el hambre como arma, pero hay indicadores que dejan claro que esa táctica de castigo colectivo es ampliamente respaldada. A la pregunta de si hay que detener el envío de ayuda hasta que sean liberados los rehenes, el 72% de los que respondieron lo hicieron de manera afirmativa frente al 21% (un 7% no sabía), según un sondeo realizado esta semana por el canal 12 de la televisión israelí.
“Ayudar a terroristas. Darles combustible, agua, comida… para que sigan matando a nuestra gente, a civiles inocentes. Para que violen a mujeres. Lo que está ocurriendo aquí no ocurre en ningún lugar del mundo, ni en Afganistán. Una locura”, sostiene Yeshava Kest, que ha viajado desde Jerusalén hasta Ashdod para participar en la protesta.
En una crisis de dimensiones nunca vistas, la inmensa mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza viven bajo la falta de comida y agua. Tampoco disponen de electricidad ni combustible para los generadores. Casi dos millones han sido desplazados por los bombardeos, que han destruido o dañado aproximadamente el 60% de los edificios, y se encuentran sin un techo en el que cobijarse en pleno invierno más allá de tiendas de campaña.
En los últimos días, las manifestaciones de grupos de extrema derecha israelíes tuvieron lugar en el entorno del paso de Kerem Shalom, que marca la frontera entre Israel y el sur de Gaza, y el de Nitzana, entre Israel y Egipto. En algunos casos, las protestas consiguieron que los camiones tuvieran que dar marcha atrás y regresaran a territorio egipcio. Pero tras algunos incidentes y con la comunidad internacional siguiendo de cerca los acontecimientos, el ejército decidió declarar el entorno zona militar cerrada, es decir, que se prohíbe el acceso a civiles. Por eso la manifestación de este jueves tuvo lugar en el puerto de Ashdod, donde una discreta presencia policial no impidió los cortes de tráfico.
La joven Orit Rosenfelder insistía una y otra vez en su discurso ultranacionalista e hiperbólico: “No hay nadie inocente en Gaza. Si ves las noticias, compruebas que tienen munición por todos sitios, en cada escuela, en cada casa. Todo para matarnos. Si ellos quieren matarnos, lo único que nos queda es matarlos a ellos. Y, por supuesto, traer de vuelta a nuestros rehenes. La única forma de conseguirlo es mantenerlos sin comida. ¿Quieren comida? Que nos den a nuestros rehenes. Les dan de comer un trozo de pan de pita al día mientras nosotros estamos llevándoles a diario 7.500 toneladas de comida”.
Los manifestantes de Ashdod enarbolaban pancartas y carteles en los que se reclama a Hamás la vuelta a casa de los secuestrados. Son 136, entre civiles y militares, según las autoridades, de los que una treintena estarían sin vida. También coreaban consignas en las que se exige al Gobierno que no levante el pie del acelerador de la operación militar frente al alto el fuego que los tres países mediadores (Qatar, Egipto y Estados Unidos) tratan de cerrar con Israel y Hamás, lo que permitiría liberar a rehenes a cambio de presos palestinos de cárceles israelíes y un mayor flujo de ayuda humanitaria.
“No hay que dar de comer al enemigo, especialmente si secuestra a nuestra gente”, defendía Yosef Haim, de 47 años. “Lo primero es que liberen a nuestra gente y que abandonen las armas, entonces les podremos dar lo que piden”, comentaba este hombre, convencido de que no hay que acordar un alto el fuego ni siquiera para favorecer la liberación de los secuestrados.
Estas marchas que defienden la asfixia humanitaria de Gaza tienen lugar mientras el Gobierno de Israel mantiene una firme campaña de acoso y derribo contra la agencia de Naciones Unidas encargada de atender a los refugiados palestinos, la UNRWA. El Gobierno que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu relaciona a esta agencia con Hamás, cuyo ataque con unos 1.200 muertos el 7 de octubre fue el detonante de la guerra. Una docena de los 30.000 empleados de UNRWA, la inmensa mayoría con estatus de refugiado, habrían participado en esos hechos, según las autoridades de Israel. Ese organismo de la ONU es el principal pilar de la atención de dos millones de habitantes de la Franja. Varios de los principales donantes han dejado de aportar fondos y la agencia, que atiende a personas de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Líbano, Siria y Jordania, ve complicado sobrevivir más allá de este mes de febrero.
