Ciudad de Guatemala, Guatemala.— Cada dólar que llega desde el exterior sostiene un sueño, paga una deuda o alimenta una familia. Guatemala se posiciona entre los cinco primeros países de Latinoamérica que recibirán mayores ingresos por remesas en 2026, con una proyección de US$25,732 millones y una tasa de crecimiento del 2.7%, según el reporte «Continuidad y cambio en las transferencias de remesas, 2026» presentado por Diálogo Interamericano, con sede en Washington D. C.
La cifra ubica al país centroamericano por detrás de México (US$61,336 millones) pero por encima de Colombia (US$13,207 millones), Honduras (US$12,378 millones) y República Dominicana (US$12,253 millones). Un lugar privilegiado que, sin embargo, no oculta una realidad más compleja: el ritmo de crecimiento se modera y las familias que dependen de estos recursos enfrentan un escenario de mayor incertidumbre.
El informe identifica siete factores que incidirán en un desempeño moderado de las remesas en la región, la cual recibiría unos US$168,775 millones en 2026, equivalente a un crecimiento del 2%. Entre ellos destaca la disminución del número de remesadores, impulsada por la reducción de la migración irregular y el aumento de las deportaciones.
Migración irregular y deportaciones frenan nuevos envíos
Dadas las tendencias actuales, la migración irregular en 2026 puede estimarse en 380 mil personas, lo que representa el 15% del promedio de llegadas entre 2020 y 2024. Esta cifra es similar a las 360 mil personas registradas en 2025. «Este punto es importante porque la migración irregular representó el 80% de la migración centroamericana y parte de la sudamericana, y el 50% de la migración mexicana», apuntan los autores del estudio.
La mayoría de estos migrantes comenzó a enviar dinero el mismo año de su llegada, lo que contribuyó al crecimiento significativo de las transacciones durante ese período. Tras la disminución de las llegadas, el aumento de nuevos remesadores también se redujo. Además, es probable que las deportaciones en 2026 se mantengan en niveles similares a los de 2025, dirigidas a nacionalidades con mayor riesgo, como personas con permisos vencidos o órdenes de deportación pendientes.
En este sentido, el número de remesadores podría disminuir entre un 3% y un 5%, según las tendencias de cada país. Una contracción que tiene impacto directo en el volumen total de las transferencias.
Presión regulatoria y competencia digital
El monto principal de la remesa no superará el 5% respecto a 2025, debido a las limitaciones de ingresos de los migrantes, a menos que opten por recurrir a sus ahorros —la mitad de los cuales está destinada a emergencias—. Asimismo, las respuestas de los migrantes al impuesto sobre las remesas reflejan tendencias importantes, mientras la competencia entre empresas por ofrecer transacciones digitales se intensifica.
Las restricciones impuestas por diversos organismos reguladores añaden complejidad al sector, y la competencia se produce en distintos segmentos del mercado. Un caso particular es Venezuela, donde la crisis política y la transición pendiente convirtieron al país en un receptor de remesas de vital importancia, con más de 750 mil transacciones originadas en EE. UU.
Impacto en hogares: casi un millón dejarán de recibir remesas
Como conclusión, el reporte señala que este crecimiento debe tomarse como referencia, mientras que posibles tendencias al alza podrían deberse a la resiliencia de los migrantes. Sin embargo, es importante considerar otros factores, como la desaceleración de la actividad económica en algunos países, acompañada de posibles turbulencias políticas en Nicaragua, Ecuador, Honduras o Guatemala, que podrían modificar las intenciones migratorias.
Estos cambios afectan el crecimiento económico en la región, ya que en varios países el volumen de remesas creció significativamente en años anteriores, y una disminución del 3% al 5% en Centroamérica implicará una reducción del 1% en estos países.
Pero el dato más preocupante no es solo la desaceleración del volumen: casi un millón de hogares dejarán de recibir remesas al final de 2026. Esto implica que la presión económica ocurre tanto en quienes no emigran —que sostienen esos hogares y pueden ser al menos 300 mil latinoamericanos—, como en quienes fueron deportados (al menos 350 mil) y en quienes dejaron de recibir remesas, que suman más de 700 mil en los últimos dos años.
Para las familias guatemaltecas que dependen de estos recursos, la expectativa es que la resiliencia de los migrantes mantenga el flujo de divisas; para las autoridades, el desafío es diseñar políticas que reduzcan la dependencia económica de las remesas y fortalezcan las oportunidades locales.
Mientras se monitorean las tendencias migratorias y se ajustan las proyecciones económicas, el mensaje que queda en el aire es claro: las remesas son un salvavidas, no un motor de desarrollo, y su moderación exige respuestas estructurales para proteger a los hogares más vulnerables. Porque al final, más allá de los millones de dólares y las tasas de crecimiento, lo que importa es que cada familia pueda construir un futuro digno sin depender exclusivamente de lo que envían sus seres queridos desde lejos.
