Tegucigalpa – La consejera Ana Paola Hall reforzó este miércoles sus argumentos legales sobre la imposibilidad de continuar sesionando en el CNE sin el quórum establecido por ley, explicando a través de sus redes sociales que su deber es decidir sobre la legalidad del proceso electoral por encima de consideraciones de popularidad política.
«Solamente tomando decisiones apegadas a la Ley, tendremos posibilidad de asegurar que exista proceso electoral. ¡El país requiere de esa certeza!», posteó Hall, defendiendo su posición sobre la necesidad de respetar estrictamente la normativa electoral vigente.
La consejera reconoció que «entiende que la posibilidad de sesionar con dos consejeras propietarias cuenta con popularidad», pero enfatizó que su responsabilidad como funcionaria pública es garantizar la legalidad del proceso electoral por encima de las presiones políticas o la conveniencia práctica.
Hall publicó en su cuenta de X una carta dirigida a la consejera presidenta Cossette López donde explica detalladamente su posición sobre el proceso de sesionar tal como lo establece la ley electoral. En este documento, la funcionaria reitera que es imprescindible contar con quórum de tres consejeros para la toma de decisiones, conforme al artículo 19 de la normativa vigente.
En su comunicación oficial, Hall especificó que el quórum siempre debe estar integrado por tres representantes, conformado por al menos dos consejeros propietarios y un suplente. Esta configuración es la que garantiza la legitimidad de las decisiones tomadas por el órgano electoral según la legislación hondureña.
La consejera fue categórica al afirmar en su carta que es imposible sesionar únicamente con dos consejeras porque esto vulnera directamente la ley electoral y los participantes incurrirían en responsabilidad penal. Esta advertencia legal representa el núcleo de su decisión de no continuar participando en sesiones que considera ilegales.
Durante los últimos meses, las consejeras Hall y López han venido asistiendo regularmente a las convocatorias realizadas por la presidenta del ente electoral, pero sin la presencia del consejero Marlon Ochoa, quien mantiene su oposición a la verificación humana ya aprobada por ambas funcionarias para el sistema TREP.
La posición inflexible de Ochoa ha creado un círculo vicioso en el funcionamiento del CNE. Tanto el consejero propietario como los suplentes del partido Libre se niegan categóricamente a sesionar hasta que se revierta la decisión sobre verificación humana en el proceso electoral programado para noviembre, una condición que las otras consejeras consideraban inaceptable.
Esta situación ha llevado al CNE a un punto muerto donde las opciones disponibles se reducían a vulnerar la ley electoral sesionando sin quórum o mantener la paralización institucional que amenaza todo el cronograma electoral hacia noviembre. La decisión de Hall de renunciar antes que participar en actos que considera ilegales refleja la gravedad de la crisis legal que enfrenta el organismo.
La insistencia de Hall en la legalidad del quórum pone de relieve las complejidades jurídicas que rodean la crisis del CNE, donde las presiones políticas para avanzar con el cronograma electoral chocan directamente con las limitaciones legales establecidas en la normativa electoral hondureña.
La carta enviada a López representa un último intento de Hall por documentar oficialmente su posición legal antes de su salida definitiva del CNE, estableciendo un registro formal de las razones jurídicas que la llevaron a considerar insostenible su permanencia en el cargo bajo las circunstancias actuales.
