Tegucigalpa – La situación laboral en Honduras alcanza niveles críticos, según un análisis presentado por Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). El dato más alarmante: la carga social representa más del 73% del salario, un factor que está empujando a las empresas, especialmente a las Pymes, hacia la informalidad.
El panorama se torna aún más sombrío al considerar que 937,000 jóvenes hondureños se encuentran en situación de inactividad total, sin estudiar ni trabajar. «Esto representa una pérdida significativa en términos de producción, productividad e ingresos familiares», señala Herrera, evidenciando un desafío estructural para la economía nacional.
La crisis se profundiza en el sector agrícola, tradicionalmente uno de los mayores empleadores del país, donde apenas el 0.23% de los trabajadores cuenta con cobertura del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Esta cifra revela una precarización alarmante del empleo en un sector crucial para la economía hondureña.
El análisis también destaca una paradoja en la política salarial: mientras el salario mínimo ha experimentado un incremento del 47% en años recientes, el salario medio solo ha crecido un 7%. «El salario mínimo, en lugar de funcionar como base, se ha convertido en el techo salarial», explica Herrera, señalando una distorsión en el mercado laboral.
La brecha de género en el empleo agrega otra capa de complejidad al problema: mientras la participación laboral masculina alcanza el 78%, la femenina se estanca en un 43%, evidenciando desigualdades estructurales en el acceso al trabajo.
Otro indicador preocupante es la dependencia de las remesas familiares, que constituyen la única fuente de ingresos para el 40% de las familias hondureñas, reflejando la fragilidad del mercado laboral nacional y la necesidad de buscar oportunidades en el exterior.
Esta combinación de factores – alta carga social, extensa informalidad, desprotección en sectores clave y marcadas desigualdades de género – presenta un desafío complejo para el desarrollo económico y social de Honduras, requiriendo una revisión integral de las políticas laborales y de protección social.
