Tegucigalpa.- Las contundentes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, sobre el uso de Honduras como un «puente aéreo» para el narcotráfico, han generado interpretaciones diametralmente opuestas en el círculo de poder de Honduras.
Mientras el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, minimizó los señalamientos, el jefe de las Fuerzas Armadas pidió tomarlos con la máxima seriedad.
Héctor Zelaya, hijo de la presidenta Xiomara Castro, sostuvo que la fiscal Bondi «simplemente narra una ruta que tiene más de 100 años» y acusó directamente al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, de haber «tergiversado» las declaraciones para implicar al actual gobierno.
«Ella en ningún momento dijo ‘gobierno'», afirmó Zelaya. «La fiscal de Estados Unidos fue muy clara, ella identificó una ruta que Honduras, en conjunto con todas las agencias de Estados Unidos, ha estado combatiendo durante todos estos años», agregó, reafirmando que los logros de la actual administración en esta lucha han sido «mucho más grandes que los de gobiernos anteriores».
La visión del jefe militar: «Hay que preocuparnos»
En una postura notablemente diferente, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Leonel Hernández, consideró que este tipo de señalamientos deben ser tomados con la mayor responsabilidad institucional.
«Cuando un fiscal general (de Estados Unidos) habla es porque tiene información fidedigna, entonces claro que tenemos que preocuparnos y ocuparnos en ese sentido», declaró el alto jefe castrense.
Al ser consultado sobre la inteligencia que podría manejar la fiscal, Hernández hizo una analogía: «Cuando nuestro fiscal general determina una acción o sale en declaraciones, tenemos que tomarlo muy en serio. Lo mismo aplica en este caso».
¿Qué dijo exactamente la fiscal de EE. UU.?
La controversia se origina en las declaraciones de Pamela Bondi, quien señaló que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantiene un «puente aéreo» para el trasiego de drogas. Según la fiscal, este esquema opera mediante pagos y sobornos para garantizar «espacio aéreo gratis, acceso indetectable a Honduras, luego Guatemala y México».
Bondi precisó que en esta operación se intercambian «dinero para sobornos» y «armas para pasar por los puertos de entrada y el espacio aéreo estas drogas», describiendo un mecanismo que asegura rutas sin detección por parte de las autoridades locales.
