Tegucigalpa, Honduras. – Honduras suma este año ocho masacres que han dejado al menos 29 víctimas en diferentes regiones del país, en una espiral de violencia que se extiende por siete departamentos —Yoro, Atlántida, Lempira, El Paraíso, Cortés, Colón y Valle— y que organizaciones de derechos humanos y observatorios de violencia describen como una de las manifestaciones más alarmantes de la crisis de seguridad que el país arrastra gobierno tras gobierno sin encontrar solución definitiva.
Yoro encabeza la estadística más dolorosa con tres masacres registradas en lo que va del año, consolidándose como el departamento con mayor incidencia de este tipo de crímenes en el país, en una zona donde las estructuras criminales La Kleivona y el Cartel del Diablo —cuyos dos principales brazos derechos fueron capturados esta semana en las montañas de ese departamento— generan zozobra entre la población y disputan el control territorial con una violencia que no distingue entre combatientes y civiles.
En contraste, Tegucigalpa no contabiliza hasta ahora ningún homicidio múltiple, un dato estadístico que no necesariamente refleja seguridad sino la particular geografía criminal de la capital.
Las masacres afectan principalmente a hombres jóvenes y generan un temor colectivo que va más allá de las cifras: el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, advirtió que la violencia no es un fenómeno reciente sino una crisis acumulada que ninguna administración ha logrado revertir.
«La situación de la violencia no es que ha florecido, sino que hemos venido gobierno tras gobierno con esta crisis en donde no se respeta la vida y la seguridad de nadie», sostuvo el defensor de derechos humanos, en una declaración que interpela tanto a los gobiernos anteriores como al actual.
Maldonado describió la dimensión cotidiana de esa violencia con el ejemplo más cercano a la experiencia diaria de millones de hondureños: la extorsión al transporte público, que no solo pone en riesgo la vida del conductor y del ayudante sino también la del usuario común que aborda un bus para ir al trabajo o a la escuela.
«Viendo situaciones que no solo ponen en riesgo o que matan al conductor y al ayudante, también al usuario del transporte público que está en un peligro inminente», señaló, en una descripción que convierte la violencia en un riesgo democrático que alcanza a cualquier hondureño independientemente de su condición.
Ante ese panorama, el presidente del CODEH lanzó una propuesta al Congreso Nacional que busca atacar el problema desde su raíz material: decretar un «desarme general» como medida para contrarrestar la ola de criminalidad, en una iniciativa que reconoce que mientras las armas circulen libremente en manos de las estructuras criminales, ninguna estrategia de seguridad podrá reducir de manera sostenida los femicidios, las masacres y los asesinatos de jóvenes que cada día llenan los espacios informativos del país.
