ASJ advierte que Honduras arrastra décadas de corrupción y señala baja confianza en su combate

Nelson Castañeda aseguró que apenas el 14 % de los hondureños considera que el Gobierno prioriza la lucha contra la corrupción. El representante de ASJ señaló la falta de controles, auditorías e instituciones fuertes entre los problemas pendientes.

Tegucigalpa, Honduras. – La corrupción continúa siendo un problema sin una solución definitiva en Honduras después de varias décadas, según advirtió el director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda.

El representante de la organización señaló que Honduras ocupa la posición 157 entre 182 países dentro de una medición sobre corrupción, una ubicación que utilizó para dimensionar la persistencia del problema en el país.

“Arrastramos la corrupción desde hace varias décadas, no hay solución a este problema. De 182 países, Honduras se sitúa en el escalón 157”, expresó Castañeda.

Más allá de la posición señalada, el director de Seguridad de ASJ puso atención en la desconfianza ciudadana hacia los esfuerzos emprendidos desde el Estado.

Según las cifras expuestas por Castañeda, solamente el 14 % de los hondureños considera que el Gobierno de la República tiene como una prioridad el combate contra la corrupción.

A su criterio, esa falta de credibilidad no corresponde únicamente a una administración, sino que está relacionada con el desempeño de distintos gobiernos a lo largo de los años y con compromisos que, según señaló, no se han cumplido.

“Solamente el 14 por ciento de los hondureños cree que el Gobierno prioriza el combate a la corrupción. Hay falta de controles, auditorías, instituciones fuertes, pero sí impone el tráfico de influencias”, manifestó.

Castañeda identificó precisamente la ausencia de controles efectivos, auditorías e instituciones fortalecidas como parte de las debilidades que dificultan enfrentar el problema.

Frente a este escenario, existe la expectativa de que la actual administración avance en procesos de depuración institucional y fortalezca la contratación de personas que orienten su trabajo hacia el interés público.

Para Castañeda, el desafío no se limita a combatir casos individuales, sino a enfrentar un problema que, según su planteamiento, Honduras viene acumulando desde hace décadas y que continúa afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

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