Honduras repite su peor clasificación histórica con 22 puntos cayendo tres escalones en Índice de Percepción de Corrupción 2025

Transparencia Internacional ubica al país en posición 157 de 182 naciones, siendo el peor desempeño en Latinoamérica solo por encima de Venezuela, Nicaragua y Haití, mientras ASJ advierte que sin reformas profundas "la impunidad seguirá siendo la norma" drenando recursos públicos.

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Tegucigalpa, Honduras. – Honduras continuó cayendo entre los países con mayor percepción de corrupción del mundo según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparencia Internacional, que asigna al país 22 puntos de 100 ubicándolo en la posición 157 de 182 naciones evaluadas, tres escalones por debajo del 2024 repitiendo su peor clasificación histórica.

El resultado hondureño se inscribe en un contexto regional adverso donde Centroamérica registra promedio de 31 puntos, con Nicaragua (14 puntos) como el país con percepción de corrupción más elevada mientras Costa Rica (56 puntos) se coloca como el más transparente, estableciendo brecha dramática de 42 puntos entre extremos centroamericanos.

Honduras figura entre los peores desempeños en Latinoamérica, solo por encima de Venezuela, Nicaragua y Haití, consolidando posición crítica que refleja deterioro estructural del sistema de integridad pública según advierte la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional.

La trayectoria histórica del IPC revela señal de alarma: desde 2017 Honduras no logra salir del umbral de alta corrupción, y únicamente en 2015 y 2016 superó los 30 puntos, evidenciando que en la última década el país no ha conseguido mejora estructural mientras su posición oscila siempre en franja crítica acercándose al grupo de peor desempeño global.

El informe global de Transparencia Internacional advierte que el deterioro de Honduras coincide con tendencia mundial preocupante: debilitamiento del liderazgo político, retrocesos democráticos y reducción del espacio cívico, factores que sistemáticamente erosionan capacidad institucional de combatir corrupción mediante controles efectivos.

Sin embargo, el organismo subraya que los países que han avanzado lo han hecho mediante instituciones de control independientes, procesos judiciales en casos de alto perfil y mayor transparencia, como demuestra República Dominicana que en 2025 alcanza 37 puntos mejorando su posición global mediante fortalecimiento institucional.

Desde ASJ se insiste en que sin reformas profundas y acciones contundentes, la impunidad seguirá siendo la norma, advirtiendo que la corrupción continúa drenando recursos públicos y debilitando servicios esenciales afectando directamente a la población más vulnerable que depende de educación, salud e infraestructura financiadas con fondos desviados.

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El IPC 2025 deja mensaje claro: «Honduras no solo enfrenta un problema de percepción, sino un deterioro real de su sistema de integridad pública», señala ASJ estableciendo que la crisis trasciende imagen internacional constituyendo realidad cotidiana que ciudadanos experimentan mediante servicios públicos deficientes y impunidad sistemática.

François Valérian, Presidente de Transparencia Internacional, declaró que la corrupción «no es inevitable» señalando que investigaciones y experiencia como movimiento global demuestran que existe «hoja de ruta clara» para exigir rendición de cuentas mediante procesos democráticos, mecanismos de supervisión independiente y sociedad civil libre y abierta.

El dirigente hizo llamado a gobiernos y líderes para que actúen con integridad y estén a la altura de sus responsabilidades para ofrecer futuro mejor a las personas, advirtiendo sobre «peligroso desprecio» de las normas internacionales por parte de algunos Estados que erosionan estándares globales de transparencia.

El resultado contrasta dramáticamente con el compromiso del presidente Nasry Asfura de combatir la corrupción mediante Ley Antisoborno, empoderamiento del CNA con fondos gubernamentales y fortalecimiento del TSC con reformas que permitan auditar «antes, durante y después», promesas que deberán materializarse en mejoras medibles del IPC en próximos años.

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