Tegucigalpa, Honduras. – La comparecencia de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no será todavía un juicio de fondo, sino una etapa preliminar en la que el Estado deberá explicar cómo aplicó la figura del juicio político contra el exfiscal general Johel Zelaya.
Así lo aclaró la abogada constitucionalista Ruth Lafosse, quien señaló que el debate inicial estará centrado en determinar si ese procedimiento cumplió con los estándares internacionales exigidos por el sistema interamericano.
La especialista explicó que Honduras deberá responder las preguntas que formule la Comisión sobre dos puntos clave: el juicio político aplicado al exfiscal general y el precedente relacionado con la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Lafosse definió esta fase como una etapa de “audiencias preparatorias”, donde se analizará si una denuncia puede o no ser admitida para avanzar hacia un proceso internacional.
“Todavía no hemos entrado al proceso de juicio exactamente, sino que a audiencias preparatorias sobre las posibilidades de una admisión de una denuncia o no”, expuso.
La abogada señaló que el país tendrá que preparar respuestas sobre el caso del juicio político contra Zelaya y sobre una sentencia previa vinculada a magistrados destituidos cuando aún no existía la figura del juicio político.
Para Lafosse, el debate no debe limitarse a revisar si se aplicaron los estándares convencionales durante el proceso contra el exfiscal.
La discusión también debe aclarar si esos mismos criterios corresponden a un procedimiento dirigido contra una función pública distinta de la jurisdiccional.
En otras palabras, la CIDH deberá escuchar cómo el Estado justifica el alcance jurídico del juicio político y su aplicación frente a cargos de distinta naturaleza.
La constitucionalista indicó que el análisis debe revisar “los hechos planteados”, las garantías presuntamente vulneradas y si existían disposiciones normativas previas para destituir funcionarios bajo causales definidas.
“Tenemos que ver cuál fue el objeto, cuáles fueron los hechos planteados, cuáles fueron las garantías violentadas y si en ese momento había disposiciones previas de carácter normativa”, explicó.
Lafosse sostuvo que ese será el verdadero eje del intercambio entre la Comisión y el Estado hondureño.
“Ese sí sería el verdadero debate que, entre preguntas y respuestas, tendría que explicar el país en ese momento de esa audiencia”, agregó.
La audiencia, según la abogada, obligará a Honduras a precisar el alcance legal del juicio político y la forma en que aplicó los estándares internacionales conforme a las características específicas de cada caso.
