Tegucigalpa, Honduras. – Honduras comparece este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia temática que se celebrará en Washington, Estados Unidos, para defender la aplicación de la figura del juicio político.
La posición del Estado hondureño será sostener que estos procesos se realizaron con apego a las garantías constitucionales, al debido proceso y al principio de legalidad.
La audiencia fue solicitada por organizaciones hondureñas e internacionales que buscan exponer su preocupación por la situación del sistema de justicia en el país, particularmente en temas de independencia judicial, carrera judicial, separación de poderes y garantías para jueces y magistrados.
Entre las organizaciones peticionarias figuran Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
De acuerdo con la información oficial, Honduras decidió no enviar una delegación presencial a la audiencia. En su lugar, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional remitirán un documento escrito con los argumentos jurídicos del Estado.
En ese informe, las autoridades defenderán la legalidad de los juicios políticos que derivaron en la destitución de exfuncionarios como Johel Zelaya y Marlon Ochoa.
Según la postura estatal, los mecanismos de control legislativo aplicados no fueron actos de persecución política, sino instrumentos democráticos previstos en el ordenamiento jurídico hondureño.
El Estado argumentará que estos procedimientos permitieron establecer responsabilidades de altos funcionarios que, a criterio de las autoridades, pusieron en riesgo la democracia durante las elecciones primarias y generales de 2025.
El informe también sostiene que cada etapa de los procesos se desarrolló respetando el derecho a la defensa de los involucrados y que las destituciones fueron aprobadas por mayoría en el Congreso Nacional mediante la figura del juicio político.
Las autoridades hondureñas defenderán además la facultad soberana del Legislativo para aplicar estos mecanismos como parte de las acciones de transparencia, rendición de cuentas e institucionalidad pública.
Frente a los cuestionamientos de organismos internacionales y sociedad civil, Honduras buscará mostrar disposición al diálogo con el sistema interamericano, pero insistirá en que su marco jurídico cuenta con contrapesos para prevenir arbitrariedades y garantizar el Estado de derecho.
